El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, ha aprobado un contrato de casi 105.000 euros para derivar a mujeres de Melilla a clínicas privadas de Andalucía con el fin de practicar abortos, en una decisión que evidencia la contradicción entre el discurso oficial contra la sanidad privada y la gestión real del sistema.
Según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público y recoge El Debate, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio, ha adjudicado a la empresa Atocha Ginecológica, SL un contrato por valor de 104.962,70 euros para prestar este servicio durante los próximos dos años.
El acuerdo se divide en dos lotes: el primero, destinado a abortos hasta la semana 14 de gestación, cuenta con un presupuesto de 86.156,16 euros; el segundo, para abortos de más de 14 semanas o considerados de alto riesgo, asciende a 18.806,54 euros.
La medida responde a una situación excepcional en Melilla: la totalidad de los médicos se acogen a la objeción de conciencia, lo que ha impedido la realización de abortos en la ciudad autónoma. Ante ello, el Gobierno ha optado por trasladar a las mujeres a centros privados en Málaga.
El contrato, publicado el pasado 1 de marzo, contó únicamente con una oferta válida que cumplía los requisitos técnicos y económicos, lo que refuerza la dependencia del sistema público respecto al sector privado en este ámbito.
La decisión llega en un momento en el que el propio Ministerio impulsa una reforma para limitar la colaboración público-privada en la sanidad. Ya en 2025, la directora general del Ingesa, Isabel Muñoz, había adelantado que se estudiaba la posibilidad de derivar a mujeres de Ceuta y Melilla a la Península para abortar, ante la imposibilidad de realizar estos procedimientos en origen.
Desde asociaciones médicas se ha defendido el derecho a la objeción de conciencia como un principio fundamental. Eva María Martín, presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc), advirtió que ningún profesional puede ser obligado a actuar contra sus convicciones más profundas.
En paralelo, las cifras reflejan la magnitud del fenómeno: en 2024, último año con datos oficiales, se registraron 106.172 abortos en España, lo que supone un incremento del 2,98% respecto al año anterior. De ellos, el 82% se realizaron en centros privados, evidenciando una realidad estructural que choca frontalmente con el discurso político del Ejecutivo.
