La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desempeñó un papel decisivo en la aprobación y ejecución del controvertido rescate público de la aerolínea Plus Ultra, una operación que vuelve a situarla en el centro de las responsabilidades políticas por el uso de fondos estatales y europeos canalizados a través de la SEPI.
Según las declaraciones realizadas por Víctor de Aldama, figura clave en la investigación del caso, la iniciativa para desbloquear el rescate partió del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien habría acudido directamente a Montero tras recibir indicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La respuesta de la titular de Hacienda fue clara: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales asumiría la operación. Esa decisión, siempre según este relato, permitió que el rescate avanzara sin obstáculos.
Según ha adelantado Libertad Digital, Montero no se limitó a un papel técnico o administrativo. Como máxima responsable política de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, validó la ayuda y la elevó al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, convirtiéndose en una de las piezas clave del proceso.
El reparto de responsabilidades dentro del Ejecutivo dibuja una cadena perfectamente definida. Pedro Sánchez habría respaldado las presiones ejercidas por José Luis Rodríguez Zapatero, de acuerdo con Aldama; Ábalos actuó desde el Ministerio de Transportes como impulsor del expediente; y Montero asumió el control financiero y político del rescate desde Hacienda, con la SEPI como instrumento ejecutor.
En el plano operativo, el aval final dentro de la SEPI recayó en Bartolomé Lora, que ejercía como vicepresidente tras la salida de Vicente Fernández Guerrero. Este último había sido apartado formalmente de la presidencia, un puesto que Montero mantuvo vacante con la expectativa de su regreso una vez se resolviera su situación judicial por el caso Aznalcóllar, una circunstancia que ahora vuelve a adquirir relevancia.
Todo ello sitúa a los principales cargos implicados dentro del perímetro de responsabilidades políticas por lo ocurrido con Plus Ultra. Y en ese marco, el nombre de Montero destaca no sólo por su papel en este rescate, sino por la acumulación de episodios que rodean a su ministerio. Aunque por ahora ha logrado esquivar una imputación formal, la llamada «trama SEPI» apunta directamente al corazón de Hacienda, dado que el organismo depende orgánicamente de su departamento.
La investigación sobre presuntos amaños de contratos públicos en el seno de la SEPI ya ha tenido consecuencias visibles, con registros tanto en la sede del holding público como en dependencias del propio Ministerio de Hacienda. El denominador común vuelve a ser la responsabilidad de supervisión que recae sobre la vicepresidenta, especialmente por haber impulsado personalmente el nombramiento de Fernández Guerrero.
