Mientras la Junta de Andalucía recortaba el sueldo a miles de empleados públicos durante la crisis, un grupo selecto de afines al PSOE seguía cobrando sobresueldos con total impunidad. La actual ministra de Hacienda y número dos del Gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, fue advertida en 2016 por el interventor general de la Junta sobre un posible «menoscabo de fondos públicos» por pagos indebidos a altos cargos de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS), organismo que ella misma presidía cuando fue consejera de Salud entre 2004 y 2013.
El escándalo afecta a 33 empleados de esta fundación dedicada a la investigación biomédica, quienes fueron blindados contra los recortes salariales aprobados por el propio Ejecutivo socialista andaluz en 2012. En plena crisis, mientras el resto de empleados públicos sufría un ajuste histórico, este grupo privilegiado mantenía sus sueldos intactos gracias a la protección directa de Montero. La entonces consejera de Salud ignoró abiertamente la orden del Consejo de Gobierno de José Antonio Griñán que exigía la rebaja de un 10% en todas las retribuciones superiores a las del presidente autonómico.
Entre los agraciados destaca Verónica Juan-Quilis, esposa del exministro socialista Bernat Soria, también enchufado en la fundación y con un sueldo de escándalo: 170.438 euros brutos al año, el más alto de toda la Junta. Su esposa, también contratada a dedo, llegó a cobrar 70.149 euros en 2012, una cifra superior a la que percibía entonces el propio presidente andaluz. Todo ello, por supuesto, sin pasar por ningún proceso público de selección.
Contratos a medida, sin control ni transparencia
La Cámara de Cuentas andaluza lo dejó claro en su informe de fiscalización: no hay rastro de concurso público, igualdad de condiciones o criterios objetivos en la contratación del matrimonio. Ambos fueron fichados directamente bajo la presidencia de María Jesús Montero en la fundación, sin respeto alguno al Estatuto del Empleado Público. La misma Montero que ahora impone desde el Ministerio de Hacienda severas condiciones al gasto de las comunidades autónomas, fue en su día responsable directa de mantener una red clientelar bien remunerada con dinero de todos los andaluces.
Cuando el interventor advirtió en 2016 la ilegalidad de estos pagos, Montero ya ejercía como consejera de Hacienda. Aun así, en vez de depurar responsabilidades, dio carpetazo al asunto seis meses después sin abrir expediente alguno. El informe interno señalaba incluso una posible «negligencia grave», pero nada se hizo. Lo abonado de más ya había prescrito, y nadie devolvió el dinero. Ni se exigió responsabilidad a los implicados.
La situación no fue un simple descuido. La Fundación Progreso y Salud operaba como un feudo socialista sin control, donde el amiguismo y los favores pesaban más que la legalidad. Verónica Juan-Quilis llegó a admitir por escrito que había cobrado 6.340 euros de forma indebida, pero pidió devolverlos a plazos para evitar mayores consecuencias. Su carta fue remitida a la dirección de la fundación, entonces dirigida por Ana Madera Molano, otra figura afín al PSOE.
Mientras tanto, su marido, el exministro Soria, siguió engordando su cuenta corriente gracias a su cargo en la Junta… hasta que fue despedido en 2019 por el nuevo Gobierno del PP, al descubrirse que simultaneaba su contrato de alta dirección con negocios privados, violando la cláusula de exclusividad. El intento de Soria de presentarse como víctima de una «campaña de acoso» quedó en nada: la Justicia confirmó que su despido fue completamente procedente.
