La Sanidad andaluza vive una de sus etapas más turbulentas tras descubrirse graves errores y demoras en los cribados de cáncer de mama con diagnóstico dudoso. Más de 2.000 mujeres se han visto afectadas —la mayoría en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla—, lo que ha provocado la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y ha abierto la mayor crisis del presidente de la Junta, Juanma Moreno.
El nuevo titular de Sanidad, Antonio Sanz, ha anunciado un plan de choque con una inversión superior a los 100 millones de euros y la contratación de 700 profesionales para reforzar la fiabilidad de las pruebas y ampliar los programas de cribado a los de colon y cérvix.
Desde el PSOE han aprovechado el escándalo para cargar con dureza contra el Gobierno autonómico, acusándole de poner “en riesgo la vida de las mujeres”. Sin embargo, los datos y las sentencias judiciales revelan que los fallos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no son nuevos ni exclusivos del actual Ejecutivo del PP.
La documentación judicial revisada muestra que las negligencias sanitarias se remontan a los años en los que la socialista María Jesús Montero, hoy vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, dirigía la Consejería de Salud entre 2004 y 2013. Durante esa etapa se acumularon condenas al SAS por retrasos en diagnósticos oncológicos que derivaron en la muerte de pacientes.
Los casos registrados son estremecedores. Edurne, Noemí y Guillerma —nombres ficticios recogidos en sentencias— padecieron demoras de meses en pruebas diagnósticas que redujeron sus posibilidades de supervivencia. Todas fueron atendidas cuando Montero gestionaba la sanidad andaluza.
Las negligencias no se limitaron al cáncer de mama. Elisa, paciente del hospital San Cecilio de Granada, falleció en 2008 tras meses de sangrados y diagnósticos erróneos antes de detectarse su cáncer de cérvix. El SAS fue condenado a indemnizar a su familia, detalla Abc.
En la base de datos judicial se hallan al menos trece casos de muertes por cáncer mal diagnosticado o atendido con retraso en esa etapa. Esmeralda, sevillana de 48 años, acudió en repetidas ocasiones a su centro de salud entre 2001 y 2003 antes de descubrir que padecía cáncer de estómago. Falleció y su familia fue indemnizada por la Justicia.
También Irene perdió a su madre, de 76 años, después de que los médicos le dieran el alta pese a sufrir una perforación intestinal provocada por un cáncer de colon. En Cádiz, Juan Francisco murió tras dos años de retrasos en el diagnóstico de un cáncer de pulmón. Evelio, otro paciente, no fue tratado pese a que una biopsia ya confirmaba su cáncer de esófago: el SAS negó la reclamación de sus herederos tras su fallecimiento, pero los tribunales los ampararon.
Los fallos se repiten en decenas de sentencias. Fátima, paciente oncológica desde los años setenta, tuvo que recurrir a la sanidad privada para descubrir una gran masa tumoral que el SAS había ignorado. Murió meses después. Otro hombre, Alexis, esperó más de un año para que le diagnosticaran un cáncer de próstata que podría haberse curado a tiempo.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía recoge incluso el caso de una mujer de 25 años fallecida por metástasis tras diez meses de espera para repetir una prueba que habría permitido detectar a tiempo su cáncer de mama.
