Los dos mandos de los Mossos que estuvieron junto a la comitiva judicial de la Guardia Civil frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre han reconocido este martes en el Tribunal Supremo que temieron que hubiera violencia por parte de «la masa» concentrada para poner impedimentos a la citada comisión.
Un sargento y un inspector de la unidad de mediación que estuvieron junto a la Guardia Civil en su registro en la Consejería de Economía, el pasado 20 de septiembre, han declarado como testigos ante el juez del caso abierto por el procés en el Supremo, Pablo Llarena.
Ambos han reconocido la existencia de «riesgo de actos violentos», «inseguridad» o «preocupación por que la masa pudiera hacerse con las armas» que los agentes de la Guardia Civil en funciones de Policía Judicial habían dejado en sus vehículos, según fuentes presentes en la declaración.
Además de los dos agentes citados ha testificado este lunes ante el Supremo el comisario general de información, Manel Castellví quien ha señalado, como ya han declarado otros mandos de los mossos anteriormente, que advirtió al presidente, Carles Puigdemont, y al vicepresidente, Oriol Junqueras, además de al consejero de Interior, Joaquim Forn, de que podría haber hechos violentos el 1 de octubre.
Así mismo, Castellví ha respondido afirmativamente a la pregunta de si había elementos de la CUP, AMI, ANC, Omnium Cultural y ERC en los llamados Comités de Defensa de la República, protagonistas de las actividades separatistas.
Además, se ha referido a la incineración de documentos por parte de los mossos y ha asumido que no se quemaron documentos antiguos sino recientes y referidos a seguimientos de personas o al llamado comité de coordinación de las fuerzas de seguridad.
Junto a ello, ha reconocido que no se cumplió la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de cerrar los centros que se iban a usar para la votación del primero de octubre.
¿Por qué no desalojaron a la masa?
En cuanto al sargento y el inspector, han sido interrogados sobre por qué no desalojaron a la «masa» de gente concentrada frente a la Consejería de Economía, y han respondido que no se desaloja fácilmente a 40.000 personas.
Por eso se decidieron a buscar una salida alternativa para la comitiva judicial, porque había inseguridad ante las puertas de la Consejería para las personas que la integraban.
Entre tanto, fueron los periodistas los que se subieron a los coches de la Guardia Civil y los dañaron, e incluso, más tarde, algunos borrachos, han declarado.
Aquellos fueron algunos de los «actos violentos» que han reconocido, realizados con el objetivo de protestar por las detenciones de dirigentes secesionistas y para poner obstáculos a la comitiva judicial.
Ante esta situación pidieron nuevos efectivos a la intendente Teresa La Plana, imputada ante la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien les dijo que no enviaría a más agentes.
Castellví ha comparecido a petición del exconsejero de Interior Joaquim Forn y los dos agentes por iniciativa del secesionista Jordi Cuixart.
Los testigos de este martes han cerrado unas comparecencias que se iniciaron este lunes con la del jefe de los Mossos d’Esquadra, Ferrán López, quien aseguró que el dispositivo policial conjunto era «insuficiente» para impedir el referéndum, un operativo del que sí informó al coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador del operativo 1-0, quien no puso objeciones al mismo.
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