En un contexto en el que el Gobierno parece ignorar el impacto de la okupación en el país, los propietarios están uniendo fuerzas para defender sus derechos y visibilizar el problema. La reciente creación de Aprovij (Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica) marca un nuevo hito en esta lucha, sumándose a otras plataformas como la conocida Plataforma de Afectados por la Ocupación.
Según Kathy Díaz, presidenta de Aprovij, el panorama para los propietarios y los inquilinos cumplidores es desolador. «Estamos siendo aplastados. No solo los propietarios, sino también aquellas personas que buscan alquilar de forma honesta y se encuentran con un mercado cada vez más hostil», afirma Díaz en declaraciones recogidas por Libremercado, quien denuncia que las políticas actuales favorecen indirectamente a quienes abusan del sistema.
La asociación nació de la iniciativa de 14 familias afectadas por esta problemática en distintas partes de España, quienes conectaron a través de redes sociales para compartir sus historias. Entre los integrantes hay víctimas de okupación directa, personas obligadas a abandonar sus hogares debido al deterioro de sus comunidades, y propietarios temerosos de alquilar sus viviendas por riesgo a perderlas. El fenómeno de la «inquiokupación»—inquilinos que, protegidos por el marco legal, dejan de pagar el alquiler—es uno de los casos más comunes y preocupantes. «Firmo un contrato, dejo de pagar y estoy protegida por el Real Decreto 11/2020. Esta modalidad la ha creado prácticamente el Gobierno», asegura Díaz.
Aprovij pone el foco en el controvertido Real Decreto 11/2020, aprobado durante la pandemia para frenar desahucios y que, según la asociación, ha sido un detonante de la crisis actual. Este decreto, vigente desde hace cuatro años, debía expirar el 31 de diciembre, pero el reciente anuncio de Podemos de prorrogarlo durante otro año ha encendido las alarmas. «Este Gobierno ha decidido que todos los problemas de vivienda son culpa de los propietarios, cuando en realidad han sido sus políticas las que nos han llevado a esta situación», critica la presidenta.
El testimonio de Kathy Díaz ilustra el calvario que viven muchos propietarios. «Tengo una inquilina que lleva cuatro años sin pagarme. Le ofrecí perdonar toda la deuda si me devolvía las llaves, pero se negó. Sabe que está protegida por el decreto y no hay forma de echarla», explica, reflejando el nivel de indefensión legal al que están sometidos.
Más allá de las pérdidas económicas, Díaz subraya el impacto emocional: «Esta situación nos está destruyendo. Muchos estamos en tratamiento psicológico, y yo misma he tenido que recurrir al teléfono de prevención del suicidio porque no veía salida».
La asociación ha comenzado a movilizarse y hace un llamamiento a todos los propietarios para que se unan a la causa. «Es hora de alzar la voz y denunciar lo que está ocurriendo. No podemos permitir que el Gobierno siga mirando hacia otro lado mientras destruyen nuestras vidas», concluye Díaz.
Con la prórroga del decreto sobre la mesa, la incertidumbre y la desesperación de los propietarios parecen no tener fin, mientras las soluciones reales siguen brillando por su ausencia.
