Un nuevo escándalo sexual sacude España, en este caso, las Islas Canarias. Y otra vez, un alto cargo político se ve implicado. En este caso el hasta ahora director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, de Coalición Canaria, que ha dimitido después de que trascendiera su procesamiento por un presunto delito contra la libertad sexual relacionado con su etapa como alcalde de la localidad de San Mateo.
Ortega formalizó su renuncia el 18 de febrero, apenas un día después de conocerse el auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, quien lo procesa como presunto autor de un delito contra la libertad sexual por hechos que se remontan al verano de 2017.
El auto judicial, adelantado por Canarias ahora pone fin a una instrucción abierta en 2022 tras la denuncia presentada por una joven. El magistrado considera que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento contra el exalcalde de San Mateo, que en la actualidad ocupaba la dirección del Instituto Canario de la Vivienda.
Además del procesamiento, el juez ha impuesto a Ortega una fianza de 125.000 euros, con apercibimiento de embargo de bienes en caso de impago, para garantizar una eventual indemnización a la denunciante si finalmente resultara condenado. La defensa del dirigente aún puede recurrir el auto, aunque, de confirmarse, el caso podría acabar con Ortega en el banquillo.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, explicó este viernes que Ortega comunicó su intención de dimitir tanto al presidente autonómico, Fernando Clavijo, (CC), como a él mismo tras tener conocimiento del auto judicial. Según Rodríguez, la decisión responde a «un acto de responsabilidad personal».
«Ha querido dar un paso al lado para que su situación judicial no interfiera en la gestión de un área tan sensible como la vivienda», señaló el consejero, quien insistió en que debe respetarse la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Fuentes del entorno político admiten, no obstante, que el procesamiento hacía insostenible la continuidad del alto cargo, especialmente por la naturaleza del presunto delito. La oposición ya había comenzado a pedir explicaciones tras conocerse la decisión judicial.
La dimisión será oficializada en el próximo Consejo de Gobierno previsto para el lunes, donde se aceptará formalmente la renuncia. Hasta entonces, el Ejecutivo mantiene un discurso de prudencia y defensa de la presunción de inocencia, mientras el caso judicial sigue su curso.
