La investigación de la Fiscalía Europea sobre los contratos adjudicados a las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés continúa avanzando y amenaza con tener consecuencias para la situación judicial de Begoña Gómez. El procedimiento, centrado en varias licitaciones financiadas con fondos europeos, sigue abierto y, según fuentes próximas a las pesquisas, un equipo de tres fiscales analiza la documentación recopilada sin descartar que puedan producirse nuevas imputaciones.
Por el momento, el propio Barrabés y el director de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto, figuran como investigados. Los fiscales europeos examinan especialmente dos contratos adjudicados en julio de 2021 por Red.es, identificados como los expedientes 014/20-ED y 016/20-ED, cuyo importe supera los ocho millones de euros y que fueron financiados con recursos del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Ambos terminaron en manos de una unión temporal de empresas integrada por Innova Next SLU, propiedad de Barrabés, y The Valley Business School.
Las sospechas sobre el procedimiento de adjudicación se han visto reforzadas por un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En ese documento, los investigadores sostienen que el proceso estuvo condicionado por decisiones arbitrarias que otorgaron una ventaja competitiva a la oferta presentada por Barrabés frente al resto de empresas concurrentes.
Entre la documentación analizada figuran varios correos electrónicos intercambiados entre empleados de Red.es. Según la UCO, esos mensajes reflejan instrucciones para favorecer la candidatura del empresario. En uno de ellos puede leerse: «Piensa que Barrabés es la buena y las otras han de bajar sí o sí», mientras que otro trabajador expresaba sus dudas al considerar que las propuestas rivales eran superiores y preguntaba cómo debía actuar.
Además de esos dos contratos, la Fiscalía Europea detectó posibles irregularidades en un tercer expediente valorado en cerca de cuatro millones de euros. El organismo comunitario trató de incorporarlo a la investigación principal, aunque el juez de garantías rechazó esa petición al existir dudas sobre si el contrato había sido financiado con dinero procedente de la Unión Europea. El asunto quedó entonces en manos del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, dirigido por Juan Carlos Peinado, que ya había analizado ese expediente dentro de una investigación distinta.
No obstante, distintas fuentes sostienen que ese tercer contrato también habría contado con financiación comunitaria. Si finalmente se acredita ese extremo durante la instrucción, el expediente podría regresar a la Fiscalía Europea y sumarse de nuevo a las diligencias que ya mantiene abiertas.
La evolución de esta investigación adquiere especial relevancia por su posible repercusión sobre la causa que afecta a Begoña Gómez. El juez Peinado mantiene abierta una investigación en la que la esposa del presidente del Gobierno está imputada, entre otros delitos, por un presunto tráfico de influencias, y una parte importante de las pesquisas gira precisamente en torno a la relación profesional que mantuvo con Juan Carlos Barrabés.
El empresario ocupa un lugar central en esa instrucción. Las primeras diligencias se apoyaron en las cartas de recomendación firmadas por Gómez en favor de la unión temporal de empresas de Barrabés durante el año 2020. Posteriormente, la investigación también incorporó el papel que desempeñó el empresario en el acercamiento de la esposa del presidente a Air Europa y su participación en el diseño y desarrollo del máster que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
En diferentes resoluciones, la Audiencia Provincial de Madrid ha señalado que aprecia indicios de que Begoña Gómez pudo aprovechar su condición de esposa del presidente del Gobierno para ofrecer supuestas influencias o facilitar determinados favores que impulsaran su actividad profesional. Según esos autos, ese entorno de relaciones habría servido para obtener contraprestaciones dirigidas a reforzar su proyección en el ámbito de la captación de fondos, un contexto en el que las empresas de Barrabés desempeñan un papel relevante.
Mientras el Juzgado de Instrucción número 41 analiza esos hechos desde la perspectiva de un posible delito de tráfico de influencias, la Fiscalía Europea centra su investigación en determinar si las adjudicaciones financiadas con fondos comunitarios estuvieron condicionadas por actuaciones irregulares y quiénes pudieron intervenir para beneficiar al empresario. La posible conexión entre ambas investigaciones mantiene abierto un escenario que todavía podría deparar nuevas decisiones judiciales.
