Una legislación europea aprobada en 2012 obligó a transformar por completo el sistema de cría de gallinas ponedoras, prohibiendo las viejas jaulas convencionales e imponiendo su sustitución por estructuras más amplias y adaptadas al bienestar animal. Aquella normativa forzó a miles de ganaderos a renovar de arriba abajo sus instalaciones. En territorios como Canarias, muchos ganaderos se deshicieron de las jaulas antiguas enviándolas a países extracomunitarios como Marruecos, donde siguen utilizándose sin las limitaciones que rigen dentro de la Unión.
El debate sobre estas diferencias regulatorias llega en un contexto marcado por un encarecimiento notable del huevo en el conjunto de la UE. Según los últimos datos de Eurostat, su precio medio ha aumentado un 10% en el último año, mientras que en la eurozona la inflación general se situó en el 6,7%. En España, el incremento ha sido todavía mayor: el huevo es hoy un 17,9% más caro que hace doce meses, lo que convierte al país en el séptimo Estado miembro donde más se ha encarecido este alimento básico.
Entre las causas que explican esa subida figura el impacto de la gripe aviar, que ha golpeado con intensidad a las granjas españolas dedicadas a la producción de huevos. Más de dos millones de gallinas han tenido que ser sacrificadas, reduciendo de forma significativa la oferta disponible y presionando al alza los precios. Países como República Checa, Eslovaquia o Portugal presentan incrementos incluso superiores a los españoles, mientras que otros socios europeos han logrado contener mejor el encarecimiento.
