recibían alimentos en mal estado y los explotadores les facilitaban alcohol como mecanismo de dependencia
Nuevo golpe contra la trata de seres humanos con la liberación de 8 personas y 5 detenidos en Rincón de Olivedo. Europa Press.
Por LGI
15 de junio de 2026
La Guardia Civil ha detenido en Rincón de Olivedo, en La Rioja, a cinco integrantes de un clan portugués acusado de someter a ocho personas a una situación de explotación laboral extrema, con jornadas de entre 12 y 16 horas diarias, sin descanso y, en algunos casos, sin recibir salario durante años.
La operación, denominada Portus-Cale, ha permitido liberar a las ocho víctimas y desarticular un entramado presuntamente dedicado a la trata de seres humanos, los delitos contra los derechos de los trabajadores y el blanqueo de capitales.
Los arrestados son tres hombres y dos mujeres de entre 24 y 50 años y nacionalidad portuguesa. Cuatro de ellos han ingresado en prisión. La organización estaba encabezada por una mujer conocida como «la Jefa», que actuaba junto a su marido, dos de sus hijos y la pareja de uno de ellos.
Según la Guardia Civil, los principales responsables ingresaron en sus cuentas más de 2,5 millones de euros desde 2022, procedentes fundamentalmente de trabajos agrícolas realizados por las víctimas. La investigación apunta además a que una bodega pagó al grupo alrededor de 569.000 euros por sus servicios.
Sin documentos, aislados y endeudados
Las víctimas eran captadas entre personas de nacionalidad portuguesa y trasladadas posteriormente a La Rioja. Una vez en la localidad, los responsables del entramado les retiraban la documentación y los teléfonos móviles para impedir que pudieran pedir ayuda o abandonar el lugar.
Los trabajadores eran alojados en viviendas precarias, carentes de condiciones mínimas de higiene y habitabilidad. Según los investigadores, recibían alimentos en mal estado y los explotadores les facilitaban alcohol como mecanismo de dependencia y aislamiento social.
Algunas víctimas no habían cobrado «un euro» después de años de trabajo. Otras percibían apenas cuatro euros por hora, cantidad de la que el clan descontaba el coste del tabaco, el alcohol y otros productos.
El sistema estaba diseñado para que los trabajadores terminaran debiendo dinero a quienes los explotaban, según explicó el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez.
Las víctimas trabajaban todos los días, incluidos domingos y festivos, bajo un régimen de disponibilidad permanente. Eran empleadas en la poda de viñedos, obras, reformas integrales de inmuebles, mudanzas y cualquier otra tarea ordenada por los miembros del clan. La Guardia Civil señala que algunas fueron agredidas cuando no podían acudir al trabajo por encontrarse enfermas.
Una víctima falleció cuando intentaba marcharse
Durante la investigación, los agentes comprobaron que una de las víctimas decidió abandonar las condiciones impuestas por la organización. Mientras caminaba por la carretera N-232, fue atropellada por varios vehículos y falleció.
Este episodio refleja el grado de vulnerabilidad y aislamiento en el que se encontraban los trabajadores, sometidos a una estructura que controlaba su documentación, su alojamiento, sus ingresos y prácticamente todos los aspectos de su vida cotidiana.
La investigación comenzó después de que la Guardia Civil detectara indicios de que varias personas portuguesas residentes en Rincón de Olivedo podían estar siendo explotadas por otros compatriotas.
Las primeras pesquisas permitieron situar el centro de la operación en dos viviendas desde las que la familia coordinaba la captación de trabajadores, los desplazamientos y la distribución de la mano de obra entre agricultores, viticultores y particulares de La Rioja Baja y la Ribera de Navarra.
Una bodega y uno de sus directivos, investigados
Las diligencias han permitido identificar a distintos clientes que contrataron de forma habitual los servicios del clan. Según la investigación, algunos de ellos eran conscientes de la situación de precariedad que sufrían los trabajadores.
Una bodega y uno de sus directivos están siendo investigados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. La empresa habría abonado al entramado 569.000 euros tras recurrir de forma continuada a sus servicios.
La investigación deberá determinar ahora qué grado de conocimiento tenían sus responsables sobre las condiciones en las que trabajaban las víctimas.
El caso no sólo pone el foco sobre quienes dirigían la organización, sino también sobre las empresas y particulares que pudieron beneficiarse de mano de obra extremadamente barata sin comprobar —o sin querer comprobar— cómo eran tratados los trabajadores.
Dinero, joyas y vehículos de alta gama
Los agentes realizaron siete registros en distintos inmuebles. Durante el operativo intervinieron cerca de 30.000 euros en efectivo, joyas valoradas en más de 150.000 euros y abundante documentación que será analizada. También fueron incautados ocho vehículos, cinco de ellos de alta gama, y quedaron bloqueadas siete cuentas bancarias vinculadas a los investigados.
El estudio patrimonial ha determinado que las dos principales responsables ingresaron exactamente 2.517.593 euros desde 2022 en concepto de trabajos agrícolas. Mientras las víctimas vivían en espacios insalubres, acumulaban jornadas interminables y apenas cobraban, los presuntos explotadores reunían dinero, joyas y automóviles de lujo.
La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Calahorra, con la colaboración de distintas unidades de la Guardia Civil.
El instituto armado ha solicitado la colaboración ciudadana para detectar otras posibles situaciones de explotación. «Si alguien ve en su entorno alguna situación así, rogamos que se ponga en contacto con nosotros», han señalado sus responsables.