El Gobierno de Sánchez da un paso más contra la independencia judicial. En esta ocasión, el motivo de fricción surge por la nueva cartelería y señalética que el Ministerio de Justicia ha comenzado a colocar en los edificios judiciales, un cambio que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La-Mancha (TSJCLM) considera improcedente y que, a su juicio, confunde a los ciudadanos y erosiona la imagen de autonomía del Poder Judicial.
El Pleno de la Sala de Gobierno del TSJCLM decidió este jueves elevar un acuerdo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que evalúe el impacto de esta medida y, si lo considera oportuno, exija al Ministerio su retirada inmediata. En el texto aprobado, los magistrados expresan su preocupación por el diseño institucional de los nuevos rótulos, que reproducen el mismo formato utilizado por el Ejecutivo central para identificar los servicios dependientes del Estado, incluyendo la denominación visible de «Gobierno de España«.
Según el tribunal, ese modelo induce a pensar que los juzgados y tribunales forman parte del aparato gubernamental, cuando en realidad deben mantenerse completamente separados del poder político. «El resultado es una confusión institucional que proyecta ante el ciudadano una apariencia de subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo», señala el acuerdo remitido al órgano de gobierno de los jueces.
El conflicto surge en el contexto de la implantación de la tercera fase de los Tribunales de Instancia, prevista para el 31 de diciembre de 2025, que afectará a los partidos judiciales de las cinco capitales de provincia castellanomanchegas. Con motivo de esta reestructuración, el Ministerio ha empezado a renovar la señalización de las sedes judiciales, incluyendo las audiencias provinciales y el propio edificio del TSJ de Castilla-La Mancha.
Los magistrados subrayan que la medida resulta aún más inadecuada en órganos cuya denominación no se verá modificada con la nueva organización judicial. Además, reprochan que el cambio se haya aplicado incluso en inmuebles de valor histórico, como la Audiencia Provincial de Toledo, donde las nuevas placas habrían alterado la estética de la fachada.
Aunque el tribunal reconoce que el Ministerio de Justicia es responsable de proveer los medios materiales en comunidades sin competencias transferidas —como es el caso de Castilla-La Mancha—, sostiene que esa función administrativa no le habilita para intervenir en la identidad visual de las sedes judiciales.
El TSJCLM, por tanto, solicita al CGPJ que examine el asunto y determine si el Ministerio debe modificar o eliminar la nueva cartelería. De igual forma, el acuerdo será trasladado oficialmente al Ministerio de Justicia, en un gesto que refleja la creciente preocupación del ámbito judicial por la progresiva confusión entre los poderes del Estado promovida desde el Gobierno central.
