La inquiokupación, fenómeno en el que inquilinos morosos se niegan a abandonar una vivienda pese a no pagar el alquiler, ha provocado numerosas denuncias de diferentes formaciones políticas en los últimos años. En uno de los audios filtrados de conversaciones entre dirigentes, José Luis Ábalos afirmó a Nadia Calviño que el PSOE «siempre insistimos en que estamos dispuestos a considerar a aquellos que tengan un título jurídico, porque si no, estamos legalizando las okupaciones».
El diario La Razón ha sacado a la luz el caso de Joaquim, un propietario que, al no poder afrontar el pago de su hipoteca, decidió alquilar su vivienda ubicada en el Gaudí Reus Golf Club (Tarragona). Junto a su esposa y sus tres hijos, se trasladó a una masía con el objetivo de reducir gastos, y firmó un contrato de arrendamiento por tres años con una familia que, según relata, comenzó a retrasarse en los pagos tras el primer año.
Con el tiempo, los inquilinos dejaron de pagar por completo, alegando problemas personales y la pandemia como justificación. Esta situación llevó a Joaquim a no renovar el contrato al finalizar los tres años. Sin embargo, los arrendatarios se negaron a abandonar la vivienda, y desde entonces no ha vuelto a recibir ningún ingreso, acumulando ya más de tres años de impagos. Además, los inquilinos siguen disfrutando de servicios exclusivos del complejo residencial, como el club de golf, la piscina y el restaurante.
Finalmente, la situación ha empeorado cuando Joaquim descubrió que alguien había anunciado su vivienda en una conocida plataforma de alquiler turístico. Las reseñas publicadas confirmaban que subarrendaban el inmueble de manera ilegal y sin la licencia correspondiente. Aunque él era la víctima, Hacienda le impuso una sanción de 5.000 euros al constatar que el alquiler turístico no cumplía con la normativa, descontando así 500 euros mensuales de su nómina para cubrir la multa.
