Como ha reconocido la entidad desde noviembre, el BBVA contrató los servicios del Grupo Cenyt, entramado societario propiedad de Villarejo, entre otros motivos, para evitar que en 2004 la constructora Sacyr se hiciera con el control de la entidad.
La Fiscalía Anticorrupción permanece a la espera del informe policial sobre las escuchas a políticos y empresarios encargadas por el BBVA al excomisario José Manuel Villarejo, en el marco de la «operación Trampa», pieza separada del denominado caso Tándem que instruye la Audiencia Nacional.
Este martes, el titular del juzgado central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, ha solicitado a moncloa.com y a El Confidencial, medios que adelantaron la información sobre estos pinchazos, todo el material del que dispongan sobre la contratación de los servicios del excomisario para labores de espionaje.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la existencia de esta pieza separada, la novena del caso y sobre la que también pesa el secreto de sumario, no impide que, una vez comprobado el contenido del documento elaborado por la Policía y acreditados eventuales indicios de irregularidades, pudiera llegar a tramitarse en un procedimiento aparte.
Como ha reconocido la entidad desde noviembre, el BBVA contrató los servicios del Grupo Cenyt, entramado societario propiedad de Villarejo, entre otros motivos, para evitar que en 2004 la constructora Sacyr se hiciera con el control de la entidad.
Con este encargo, el banco habría accedido a más de 15.000 conversaciones telefónicas de altos cargos del entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), además de políticos, empresarios e incluso periodistas y directivos de la entidad.
En concreto, los pinchazos revelan las estrechas relaciones de poder entre el Ejecutivo socialista y el Banco Santander de Emilio Botín, principal rival de BBVA, además de maniobras para lograr que Sacyr ganara presencia en el Consejo de Administración y promoviera la caída de Francisco González.
Francisco González, señalado
Precisamente es este último, ahora presidente de honor del banco, una de las personas a las que más compromete la información al haber estado presumiblemente al tanto de los trabajos.
Una situación que complican aún más las grabaciones en las que el propio jefe de seguridad del banco Julio Corrochano asegura que el «presi» le llama cada diez o quince días.
El escándalo ha llevado al BBVA a admitir que desde junio de 2018, aún con el banquero como máximo ejecutivo, inició una investigación interna sobre la contratación y los servicios prestados por el Grupo Cenyt.
No obstante, «hasta la fecha» no se ha encontrado ninguna documentación que refleje hechos irregulares, si bien la prioridad en este momento es esclarecer los hechos y actuar con toda la contundencia necesaria, asegura en una carta el actual presidente de la entidad, Carlos Torres Vila.
Al margen de las que pueda emprender Anticorrupción, los espiados podrían ejercitar acciones legales, aunque uno de ellos, el expresidente de la CNMV Manuel Conthe, las ha descartado porque los supuestos delitos habrían prescrito y ya que, entiende, habría de ser la Fiscalía la que actúe de oficio.
También los accionistas, teniendo en cuenta que los pagos se habrían hecho con dinero del BBVA; pese a ello, según contempla la ley, el supuesto de administración desleal sólo podría ser invocado de haber ocasionado un perjuicio económico a la sociedad.
Al respecto, fuentes próximas a la representación de varios inversores del banco han explicado a Efe que de momento no emprenderán medida alguna.
