La expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, firmó personalmente las autorizaciones del consejo de administración que permitieron sacar adelante tres contratos millonarios en favor de Acciona. Las obras, que suman un total de 342 millones de euros procedentes de fondos europeos, están ahora bajo sospecha por presunta manipulación, en el marco del caso que salpica a Koldo García, Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos, según avanza The Objective.
Según documentación revisada por la Guardia Civil, las adjudicaciones a Acciona fueron visadas y aprobadas por Pardo de Vera en su calidad de presidenta del gestor ferroviario. En todas las reuniones donde se dio luz verde a estos contratos, ella no sólo participó, sino que ejerció la presidencia del consejo, dando el visto bueno a unas operaciones que hoy figuran en el epicentro del caso de corrupción conocido como Ábalos-Cerdán.
Una de las actuaciones bajo sospecha es el soterramiento de la red ferroviaria en Murcia, una adjudicación de casi 159 millones de euros a una unión temporal de empresas entre Acciona y Ferrovial. Otra, fechada en febrero de 2019, consistía en las obras del Corredor Mediterráneo entre Pulpí y Vera, con un presupuesto de 121 millones. La tercera intervención se realizó en Sant Felíu de Llobregat (Barcelona), con una licitación inicial de 51 millones que luego fue ampliada en 2023 hasta los 62 millones. En esta última, el presidente de la mesa de contratación fue ascendido posteriormente a director general por la propia Pardo de Vera.
Estas tres adjudicaciones forman parte del paquete de cinco contratos públicos que, según las pesquisas de la UCO, habrían servido para que Koldo García y su entorno se embolsaran presuntamente unos 620.000 euros. De hecho, un audio intervenido muestra a Koldo reclamando otros 550.000 euros a Santos Cerdán, quien le responde con un tajante: “¡Que no hables de eso!”.
En los documentos internos de ADIF consta que la certificación de estos contratos se expidió con la conformidad del presidente del consejo, aludiendo explícitamente a la normativa que obliga a abstenerse a cualquier miembro que pudiera tener interés directo en el asunto. Las grabaciones y pruebas recogidas por la UCO evidencian que Isabel Pardo de Vera mantuvo comunicaciones frecuentes con Koldo García para tratar adjudicaciones concretas, lo que plantea dudas sobre un posible conflicto de intereses.
Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, Ábalos se desvinculó de cualquier irregularidad. El exministro negó haber influido en las contrataciones en ADIF, incluida la de su expareja Jésica Rodríguez, y puso en duda la autenticidad de los audios que lo implican, alegando que no se le puede identificar claramente en ellos y que podrían haber sido manipulados.
