El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta el tramo final de la legislatura con un balance legislativo pírrico y con un Parlamento marcado por la dificultad para sacar adelante nuevas iniciativas. Entre 2019 y junio de 2026, el Ejecutivo ha aprobado solamente 154 leyes ordinarias y orgánicas, según el recuento citado en el texto de referencia, con una media anual de 19,5, según publica Vozpopuli.
La actividad parlamentaria muestra una evolución descendente entre las dos etapas de Gobierno de Sánchez. Durante la primera legislatura, el Ejecutivo sacó adelante 109 leyes, alrededor de 27 al año, mientras que en el segundo mandato la cifra se ha reducido hasta 45, con una media de unas 15 leyes anuales.
La producción legislativa de Sánchez queda por debajo de la registrada por los presidentes anteriores en lo que va de siglo. Aznar aprobó 201 leyes entre 2000 y 2003, con una media de 50,2 al año, mientras que José Luis Rodríguez Zapatero impulsó 308 durante su etapa de Gobierno, a razón de 38,5 anuales.
Durante el mandato de Mariano Rajoy, entre 2012 y 2017, el Congreso aprobó 184 leyes, lo que supone una media de 30,6 por ejercicio. Los datos reflejan así una reducción progresiva de la actividad legislativa hasta la actual legislatura.
Frente a la menor aprobación de leyes, el Ejecutivo ha recurrido con frecuencia al real decreto-ley, una vía prevista por la Constitución para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Entre 2019 y 2025, el Gobierno aprobó 145 reales decretos-ley, una cifra elevada en comparación con las legislaturas precedentes.
El recurso al decreto-ley se ha convertido en uno de los elementos más destacados del funcionamiento parlamentario durante la etapa de Sánchez, en un contexto de apoyos parlamentarios variables y negociaciones con distintas formaciones políticas.
La situación afecta también a iniciativas de especial relevancia, como los Presupuestos Generales del Estado. La dificultad para reunir una mayoría suficiente condiciona la tramitación de las cuentas públicas y limita el margen del Ejecutivo para desarrollar nuevas medidas legislativas.
A esta situación se suma la presión de organizaciones empresariales y entidades económicas que han expresado su preocupación por la falta de acuerdos políticos estables. CEOE, CEIM y ATA han reclamado en distintos momentos una mayor capacidad de decisión política y, en algunos casos, la convocatoria de elecciones.
Los empresarios reclaman mayor estabilidad institucional ante la dificultad para aprobar reformas y mantener una agenda legislativa sostenida.
