El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprobó hace casi siete años una reforma electoral en el Consejo Europeo que comprometía a los Estados miembros a elevar y cuantificar el umbral necesario para que un partido obtuviera un escaño en el Parlamento Europeo. No obstante, aunque la medida fue aprobada por unanimidad, el Ejecutivo español ha dejado paralizada su implementación.
La falta de acción por parte del Gobierno español ha obligado al Parlamento Europeo a tomar cartas en el asunto, enviando una delegación a Madrid para investigar las causas del bloqueo. La Comisión de Asuntos Constitucionales, integrada por eurodiputados de distintas corrientes políticas, llegó el domingo con la misión de identificar posibles obstáculos políticos o jurídicos que impidan la puesta en marcha de la reforma electoral de 2018.
Fuentes cercanas a los eurodiputados han explicado al diario ABC que estos han mantenido encuentros con profesores de Derecho Constitucional, asociaciones jurídicas y con el juez del Tribunal Supremo Manuel Delgado-Iribarren. También han visitado el Congreso de los Diputados, donde se reunieron con los letrados de la comisión constitucional y con el letrado mayor Fernando Galindo. Sin embargo, la reunión más significativa tuvo lugar en el Ministerio del Interior, donde no pudieron contar con la presencia del ministro Fernando Grande-Marlaska, quien excusó su asistencia alegando problemas de agenda.
La ausencia de Marlaska y la falta de justificaciones evidencian que la paralización del proceso responde a intereses políticos. Desde el Parlamento Europeo han señalado que, desde que la misión contactó con el Ejecutivo, han surgido numerosas dificultades. Tanto Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, como Marlaska, se han rechazado mutuamente la responsabilidad de facilitar la reunión, reflejando la incomodidad del Gobierno con este asunto. El jefe de la delegación y eurodiputado alemán, Sven Simon, criticó en una carta enviada al embajador español antes de su llegada la falta de programación de un encuentro con un ministro competente, señalando que hubiera sido «muy constructivo para ambas partes, para intercambiar puntos de vista y buscar vías de avance».
