La penúltima semana del juicio ha visto a la Fiscalía hablar rotundamente de «golpe de Estado» y acusar a los exconsellers de hacer de la Generalitat «su cortijo», y a una Abogacía más discreta que fue tajante al apostar por la sedición al estimar que la violencia no fue estructural en el «procés».
Éstas son las cinco claves de la semana número 17
LA FISCALÍA, ROTUNDA
Tras un tiempo siendo objeto de críticas, los cuatro fiscales alzaron la voz en su informe final y hablaron por primera vez del «procés» como «golpe de Estado».
Cargaron contra los acusados por «haber intentado liquidar la Constitución» en Cataluña, provocando un enfrentamiento entre «miles de ciudadanos contra los servidores del orden público», una situación que, según la Fiscalía, no solo admitieron «antes de abortar la vía unilateral» sino que promovieron.
LA VIOLENCIA, OBJETO DE DISCREPANCIA
Siempre lo ha sido entre las dos principales acusaciones, la Fiscalía y la Abogacía, y es el principal elemento que diferencia el delito de rebelión del de sedición.
Mientras el ministerio fiscal tiene claro que en el otoño de 2017 hubo la violencia «suficiente» para los «objetivos» de los acusados -que la aceptaron e impulsaron- y que «sin violencia física no hubiese sido posible cruzar caminos necesarios» en su hoja de ruta, la Abogacía considera que no fue «uno de los elementos estructurales del plan» ni fue «idónea, suficiente o proporcionada» para conseguir sus fines.
La Fiscalía acusa de rebelión a nueve encausados, para quienes pide entre 16 y 25 años de cárcel; la Abogacía opta por la sedición y solicita condenas de entre 8 y 12 años.
JUNQUERAS, MOTOR DE LA REBELIÓN
Impasible, como ha permanecido a lo largo de todo el juicio, y sentado en su esquina como si la cosa no fuera con él. Allí escuchó las duras palabras del fiscal Javier Zaragoza, que le acusó de ser el «motor de la rebelión» y de ejercer el «liderazgo» del «procés», un papel que a buen seguro no rehuye el líder de ERC, «quien ha venido empujando desde hace muchísimo tiempo para que eso se produjera».
La Fiscalía le situó en todos los lugares y decisiones clave del proceso independentista, especialmente en la reunión en la que el Govern desoyó las advertencias de los Mossos sobre el riesgo de violencia el 1-O. Luego el fiscal agarró la retórica para criticarle por convertir el «monólogo» de su declaración ante el tribunal en un «ejercicio de cinismo sin precedentes».
EL «CORTIJO» DE LA GENERALITAT
La Fiscalía también dedicó tiempo a condenar el «inmenso derroche» y «expolio» de fondos públicos llevado a cabo por el Govern de Carles Puigdemont, que actuó a su juicio como una «organización criminal» que hizo de la Generalitat «su particular cortijo».
Unos tres millones de euros calcula la Fiscalía que salieron de los fondos públicos catalanes para financiar el «procés» y hace responsable de ello a los nueve exconsellers que se sientan en el banquillo por haber firmado, junto a los otros que se encuentran huidos, un acuerdo solidario en el que asumían los gastos del referéndum, declarado ilegal.
EL DESCAFEINADO ALEGATO DE VOX
Había cierta incertidumbre sobre el más que previsible tinte político con aroma a mitin que podía tomar la intervención final de Vox en el juicio y, aunque lo intentaron, quedó en humo.
Eclipsados tras las intervenciones de Fiscalía y Abogacía, los letrados de la acción popular se limitaron a hacer suyos los argumentos que horas antes habían expuesto los cuatro fiscales sobre la rebelión, para después fiarlo todo a probar la organización criminal.
Fueron los únicos que no utilizaron todo su tiempo, en menos de la mitad (45 minutos) despacharon su relato sobre «el más sofisticado y novedoso proceso golpista contra un Estado de derecho» y pidieron un castigo con proyección de futuro, es decir, una condena y disuasoria para que «nunca más se atrevan a atentar contra el ordenamiento constitucional».
