La Plataforma per la Llengua, una entidad catalanista de la Comunidad Valenciana que se autodefine como la «ONG del catalán» y que recibe subvenciones de Administraciones Públicas, entre ellas la propia Generalidad de Cataluña, ha incluido en un informe un caso en el que señala a un trabajador de una empresa de mobiliario por una supuesta «discriminación lingüística» contra una clienta en la Comunidad Valenciana.

Según publica El Debate, el documento ha sido entregado a la Sindicatura de Agravios, organismo equivalente al Defensor del Pueblo autonómico. Su titular es el exalcalde de Alicante, el socialista Ángel Luna. Recoge un total de 153 denuncias relacionadas con el uso del valenciano en ámbitos públicos y privados. Entre ellas figura la denuncia presentada por una mujer contra el montador de los muebles adquiridos en una multinacional del sector del hogar.

Según el relato de la mujer, al entrar el trabajador en su domicilio ella se dirigió a él en valenciano. En ese momento, siempre de acuerdo con su versión, «me cortó y me dijo que era argentino y no me entendía». La queja, en la que constan tanto el nombre de la empresa vendedora como el de la compañía encargada del montaje, añade que el empleado habría comparado la situación con «es como si yo viniera y le hablara en inglés».

La clienta asegura que respondió explicando que es profesora de inglés y que, por tanto, «no tenía problema en hablar en otras lenguas», aunque defendió su «derecho» a utilizar el valenciano en su propia casa. Finalmente, según afirma, «acabó cambiando» de idioma para poder completar el servicio contratado.

Además de los casos en el ámbito empresarial, el documento recoge la persecución lingüística contra agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como contra operadores del 112, personal de la Seguridad Social y médicos, entre otros empleados públicos, a los que se acusa de no atender en valenciano a los ciudadanos que así lo solicitan.