Un profesor de inglés de segundo de Bachillerato en un instituto cercano a Barcelona ha denunciado ante asociaciones educativas una campaña de acoso por parte de la dirección de su centro y de la Generalidad de Cataluña por utilizar el castellano durante sus clases. Los hechos comenzaron a principios de curso, cuando la Coordinadora de Lengua, Interculturalidad y Cohesión Social —figura creada por el Departamento de Educación para garantizar el uso exclusivo del catalán en las aulas— le envió una amonestación escrita por expresarse en español con sus alumnos, tras varias advertencias orales. El docente, que prefiere mantenerse en el anonimato bajo el nombre de Luis N. L., afirma a Abc que la presión “ha ido en aumento” y que se siente “marginado por hablar la lengua común de todos los españoles”.
“Los docentes somos los representantes del Departamento de Educación dentro de los centros educativos y es nuestro deber expresarnos con el alumnado haciendo uso de la lengua catalana, que es la vehicular en la educación”, señala la advertencia oficial recibida por el profesor. Aquella comunicación marcó el inicio de una persecución institucional que él describe como “una auténtica caza al castellano”.
Luis, funcionario de carrera con experiencia previa en Valencia, asegura que nunca había vivido nada parecido: “Me habían pedido que tradujera todo al catalán. No daba crédito. Soy profesor de inglés, pero parece que lo importante no es enseñar idiomas, sino obedecer consignas políticas”.
El ambiente en el centro se volvió hostil. “En el claustro, cuando hablaba en castellano, la tensión era palpable. Me marginan. Hay hispanofobia”, afirma. Según relata, incluso algunos compañeros dejaron de colaborar con él por no usar el catalán, y en las redes sociales las juventudes de la CUP habrían iniciado una campaña de señalamiento contra su persona.
La presión alcanzó su punto máximo cuando el centro le obligó a firmar un documento con el membrete del Departamento de Educación en el que se le imponía “usar únicamente inglés y catalán” y someterse a una supervisión externa. Además, debía redactar un informe detallado “dando cuenta de todo lo que se le pedía” y remitirlo a la dirección en un plazo máximo de cinco días.
Ante la situación, el profesor acudió a la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y a la asociación Docentes Libres, que denuncian que los casos de persecución por utilizar el castellano se han triplicado en los últimos años. Ambas entidades advierten de que “la política lingüística coercitiva de la Generalidad vulnera derechos fundamentales, sentencias judiciales firmes y principios básicos de libertad y pluralismo”.
