La asociación Liberum, que ejerce la acusación popular y particular (representa a una familiar de varias víctimas mortales) en la causa de la DANA, ha exigido a la jueza instructora que cite como investigado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Lo hace tras conocer el último informe de la Guardia Civil, que señala por primera vez la ausencia total de alertas emitidas por este organismo el día de la tragedia en Valencia.
Según el escrito remitido al juzgado de Catarroja, la CHJ incumplió su deber de trasladar de forma puntual y actualizada la evolución del caudal en los embalses, especialmente en el barranco del Poyo, cuyo desbordamiento provocó la mayoría de las 228 víctimas mortales. Liberum sostiene que esta carencia de información obstaculizó la toma de decisiones por parte de Protección Civil y los servicios de emergencia, y reclama que se investigue con la misma intensidad a la Confederación como se ha hecho con la Generalitat.
De hecho, la organización se pregunta por qué la CHJ no emitió una alerta a las 16:15, momento en que ya se registraban datos preocupantes sobre el aumento del caudal. “¿Por qué se esperó hasta alcanzar los 1.686 metros cúbicos por segundo para emitir el aviso?”, plantea la acusación, que considera que la comunicación fue “claramente deficiente” y que ello tuvo consecuencias trágicas.
La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, hasta el momento ha mantenido como únicos investigados a la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, y al ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, a quienes se responsabiliza de la gestión de la emergencia. Sin embargo, Liberum argumenta que si se está cuestionando a los responsables políticos por emitir alertas tarde y de forma ambigua, con más motivo debería hacerse lo mismo con el máximo responsable de la CHJ.
No es la primera vez que se intenta implicar judicialmente a Miguel Polo. Ya lo intentaron en el pasado algunas asociaciones de víctimas, pero la petición fue rechazada por la jueza y respaldada posteriormente por la Audiencia de Valencia. Sin embargo, el informe de la Guardia Civil ha reavivado la presión contra el presidente de la CHJ, situándolo nuevamente en el centro de la polémica.
Liberum también apunta en su escrito a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), subrayando que durante casi siete horas —entre las 9:41 y las 16:24 del 29 de octubre— no se actualizó la información sobre la evolución de la DANA en tiempo real durante la reunión del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada). El informe policial señala directamente al delegado territorial de Aemet por no haber facilitado datos cruciales en ese lapso crítico.
Como consecuencia, la acusación ha solicitado que se cite a declarar como testigo a la presidenta de Aemet, María José Rallo, además de a técnicos de la CHJ. En su escrito, remarcan que «resulta inaceptable que la ciudadanía se informara en tiempo real a través de los medios de comunicación, mientras las autoridades competentes no recibían datos esenciales por parte de quienes estaban obligados a proporcionarlos».
Liberum vuelve a traer a colación una hipótesis que ya fue descartada por la magistrada: una supuesta relación entre el desembalse de la presa de Forata y el desbordamiento del Poyo. Aunque el juzgado considera esta teoría un “bulo”, la asociación insiste en que debe aclararse si hubo relación entre ambos fenómenos.
“La tragedia pudo haberse gestionado de otra forma si se hubiera contado con información precisa y oportuna”, subraya Liberum, que concluye reclamando responsabilidades no sólo políticas, sino también técnicas e institucionales: “Quienes tenían la obligación —y cobraban por ello— de informar a tiempo, no lo hicieron, y eso también debe investigarse”.
