Pedro Sánchez apenas lleva una semana en La Moncloa y los socios que le hicieron presidente ya están queriendo cobrarse el favor.
En su primer Consejo de Ministros, el Ejecutivo socialista levantó la supervisión sobre las cuentas de la Generalitat catalana, en manos del Ministerio de Hacienda desde septiembre del año pasado y lo hizo, según su portavoz, como gesto de «normalidad política» y con la confianza de que «funcionará bien».
Isabel Celáa insistió en que se trata de una «medida de normalización» y ha precisado que eso no significa «en absoluto» que el Gobierno «no vaya a estar informado de las eventuales partidas que pudieran dirigirse a cuestiones catalanas». Precisamente bajo esa supervisión la Generalitat coló gastos camuflados, según los últimos informes de la Guardia Civil que obran en mano de la Justicia, para costear el referéndum ilegal. Si con supervisión los separatistas pudieron pagar la ‘fiesta’ del 1-O, qué no harán cuando Hacienda no les sigue concienzudamente la pista.
Vuelve Diplocat
Al poco de levantarse esa intervención y tras el fin del 155, el Govern catalán anunció que reactivaría su paradiplomacia en el exterior.
Y precisamente, el Ejecutivo de Torra acordó este martes paralizar el proceso de liquidación del Diplocat, organismo de diplomacia pública impulsado por la Generalitat y que fue cerrado durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y anunció la reactivación de su patronato para que tome una decisión sobre el futuro del ente.
Tras la reunión de este martes del Govern, la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, aseguró que se ha decidido «detener el mandato de liquidación» del Diplocat ordenado por el Gobierno de Mariano Rajoy, «dejar sin efectos el órgano liquidador» del ente y «constatar que este proceso de liquidación no finalizó», por lo que sus estructuras de gobierno «siguen activas».
El Consejo de Ministros adoptó el pasado 15 de diciembre el acuerdo de liquidación del Diplocat y designó el órgano liquidador para llevar a cabo ese proceso, hasta que el 12 de abril la entidad se dio finalmente por cerrada. Ahora, con el fin del 155, los secesionistas tienen vía libre para continuar su actividad en el exterior. Pero para el PSC siempre quedará la confianza de que no volverán a las andadas:
Granados (PSC) :”Esperem que el #Diplocat no torni a ser un instrument de propaganda independentista.” pic.twitter.com/zAC3LSzo2S
— Jordi Corbalan (@jcorbalan) 12 de junio de 2018
Tampoco deberían pasarse por alto las declaraciones de Batet en las que pedía un encaje diferente para Cataluña en la Constitución, y al titular de Exteriores, Josep Borrell, que proponía reconocer a la región como una nación. La factura catalana a pagar por el PSOE es alta, pero no la única.
Las peticiones del PNV
Y mientras todos los ojos están puestos en la región dirigida por el hispanófobo Torra, los partidos nacionalistas vascos preparan un nuevo Estatuto en el que la soberanía española queda liquidada y que presenta a la comunidad autónoma como una nación. Un nuevo ‘plan Ibarretxe’ para dotar al País Vasco de una autonomía nunca antes vista y con el objetivo de crear un ‘miniEstado’ en el norte español.
Luego están las competencias exigidas por el PNV, esas que el PP estaba dispuesto a ceder -según contaban varios medios- pero que, tras el derrocamiento de Rajoy, la decisión queda ahora en manos del PSOE. Ya cuando ETA anunció que se disolvía, Patxi López abrió la puerta al acercamiento de presos al País Vasco.
En este sentido, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, se mostró este martes convencido de que si hay «voluntad política», el Ejecutivo de Pedro Sánchez puede transferir en esta legislatura las competencias relativas a prisiones y el régimen económico de la Seguridad Social.
El también consejero de Autogobierno y Gobernanza Pública desveló a su vez que este lunes llamó por teléfono a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, para darle a conocer los «antecedentes» de las gestiones que se llevaron a cabo con el Ejecutivo de Mariano Rajoy en relación a las competencias recogidas en el Estatuto de Gernika.
El portavoz se comprometió a remitirle el informe que recoge las 37 competencias pendientes y los distintos acuerdos parlamentarios en los que se reclama su cumplimiento.
Aún sin fecha, ambos se comprometieron a reunirse para hablar de esta materia dentro de la ronda que la ministra abrirá con sus homólogos autonómicos. Otro de los asuntos que estará sobre la mesa será la reunión de la comisión bilateral para tratar el requerimiento de inconstitucionalidad planteado por el anterior Gobierno central contra los presupuestos vascos.
A preguntas de los periodistas, se mostró convencido de que con «voluntad política» es posible que esta legislatura se traspasen a la región las competencias de prisiones y de la gestión económica de la Seguridad Social, prioritarias para el Gobierno Vasco y recogidas en su programa de legislatura. «Si nos sentamos y las dos partes le imprimimos un impulso político se podrá hacer», indicó.
A su juicio, la presencia de PSE-EE en el Gobierno Vasco puede facilitar la interlocución con el gabinete de Sánchez para negociar estas cuestiones, ya que están incluidas en el programa de gobierno.
