Podemos está intensificando el debate migratorio en España con nuevas exigencias hacia Pedro Sánchez. Entre otras propuestas, la formación exige ahora el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que son los lugares donde se retiene a los inmigrantes mientras se tramita un expediente sancionador de expulsión.
Podemos ha presentado varias exigencias al gobierno. Primero, busca «impulsar modificaciones legislativas para que Salvamento Marítimo realice búsquedas activas de embarcaciones con migrantes en peligro, no solo búsquedas pasivas». Además, propone «crear un nuevo sistema de asilo y migraciones común, coherente y basado en derechos, que elimine el racismo institucional de las políticas migratorias».
Otra de sus demandas es «promover políticas migratorias que garanticen la protección de la vida en el mar y aborden la discriminación que enfrentan los migrantes por género, origen étnico-racial, nivel socioeconómico, situación administrativa y lugar de procedencia». También insiste en «modificaciones legislativas para proteger a menores no acompañados y retirar elementos peligrosos, como las concertinas, de las fronteras españolas». Entre los puntos más polémicos están la eliminación de las «devoluciones en caliente» y el «cierre total de los CIE», detalla este viernes Libertad Digital.
Podemos también ha exigido reconocer las «migraciones ambientales», refiriéndose a personas o comunidades «obligadas a huir debido a problemas relacionados con el medio ambiente, como el cambio climático, la degradación ambiental o el expolio de recursos por grandes corporaciones».
En la actualidad, los inmigrantes que enfrentan un expediente de expulsión pueden ser retenidos en un CIE durante un máximo de 60 días mientras se tramita su caso. Si no existieran estos centros, los inmigrantes quedarían en libertad y el proceso de localización posterior para su expulsión se complicaría significativamente.
El reglamento actual también establece que no se puede ordenar el ingreso de menores en los CIE, y que los menores extranjeros no acompañados deben ser puestos bajo la tutela de las entidades públicas de protección de menores. Sin los CIE, garantizar el control y el seguimiento de estos procesos sería mucho más complejo, lo que podría generar un problema de gestión migratoria.
