La candidata de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido la regularización de inmigrantes ilegales y que se les otorgue, además, la nacionalidad española mediante un procedimiento exprés autorizado por el Consejo de Ministros. Esta propuesta forma parte de su programa político bajo el lema Orgullosamente Podemos, presentado para su reelección al frente del partido y al Consejo Ciudadano Estatal, siendo la única candidatura que ha conseguido los avales necesarios.
Entre sus compromisos más destacados, figura también una apuesta por que España abandone la OTAN, una medida acompañada de un rechazo frontal al incremento del gasto en Defensa. En la esfera internacional, su equipo propone la ruptura total de relaciones diplomáticas con Israel, alineándose con otras posiciones históricas de la formación morada.
El plan político de Belarra incorpora asimismo un fuerte enfoque en la política de vivienda. Aboga por la prohibición de los pisos turísticos, la suspensión de cualquier compraventa de inmuebles que no tenga como fin el uso residencial y la imposición de un límite al número de viviendas que puede tener una misma persona física. Además, exige una bajada del 40% del precio de los alquileres mediante una ley específica y plantea medidas drásticas contra el alquiler de temporada fraudulento. También propone gravar los inmuebles vacíos con un nuevo tributo y erradicar los desahucios sin alternativa habitacional.
Otro punto polémico de su programa es la propuesta de ilegalizar organizaciones como ‘Desokupa’, a las que califica de «grupos parapoliciales». En el ámbito judicial, Podemos insiste en la necesidad de una reforma profunda del sistema, promoviendo una «democratización real» del Poder Judicial y exigiendo más transparencia y control ciudadano.
En materia fiscal, la candidatura contempla un impuesto del 50% a los beneficios extraordinarios de las grandes compañías del Ibex 35. También pide equiparar los ingresos del capital con los del trabajo en el IRPF, en busca de un sistema más equitativo. En paralelo, quiere blindar el sistema público de pensiones y aumentar el presupuesto dedicado a servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o la dependencia.
