Esta semana se inicia el proceso para que Interior licite la contratación de una consultora externa que revise y analice con detalle el coste de la equiparación real.
La firma del acuerdo de equiparación salarial llevada a cabo este lunes -el primero que, en toda la democracia, aborda la equiparación salarial con un aumento medio bruto en tres años de los sueldos de 561 euros para policías nacionales y 720 para guardias civiles- y que se materializará en las nóminas de los agentes este mismo año, con carácter retroactivo al 1 de enero y por un importe inicial de 500 de los 1.207 millones de euros comprometidos, supone no sólo el comienzo de la cuenta atrás para avanzar en este camino -el Ministerio del Interior se ha comprometido a agilizar al máximo la llegada del dinero- sino la desactivación del conflicto colectivo de trabajo declarado por los sindicatos de Policía Nacional contra el Ministerio del Interior.
Esta medida ya ha sido superada por los hechos, puesto que lo que implicaba era la obligación de abordar la polémica laboral que se denunciaba y que, con la firma, decae.
Así, y aunque en estos meses sindicatos y asociaciones han presentado por escrito las alegaciones y el resto de informes que ordinariamente se suelen hacer en reuniones del Consejo de Policía y en las trimestrales de las plantillas, han retomado la normalidad en cuanto a la asistencia a estas citas, en las que defienden desde expedientes disciplinarios a afiliados hasta modificaciones en diferentes movimientos de personal, proyectos normativos y, en general, todas aquellas cuestiones que les plantean sus delegados en cada dependencia.
La no asistencia a reuniones, que era la consecuencia directa de ese conflicto colectivo, se desactiva y recuperan la normalidad en ese ámbito. Esto, además, es necesario para abordar desde ya la actividad de las Mesas Sectoriales de Policía Nacional y Guardia Civil en las que cerrar la aplicación de la primera partida presupuestaria a los Complementos Específicos Singulares de los Catálogos de Puestos de Trabajo de ambos Cuerpos.
Paralelamente, esta semana se inicia el proceso para que Interior licite la contratación de una consultora externa que revise y analice con detalle el coste de la equiparación real. El propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha garantizado expresamente ante los medios de comunicación -y así consta en el acuerdo firmado- que si de ese trabajo externo se desprende que la cifra de 807 millones es insuficiente, se completará con la cantidad necesaria para que la equiparación sea real y total.
La inclusión de esta cláusula ha sido fundamental para que sindicatos y asociaciones aceptaran el acuerdo, pues permite, de una parte, iniciar el cobro de los primeros 500 millones de euros en 2018, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y, de otra, revisar las cifras mediante ese sistema de garantía, de tal forma que si hiciera falta aumentar el gasto, en 2019 y 2020 se revisaran al alza las cantidades previstas.
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