La ex consejera catalana Clara Ponsatí está citada a las 11.00 horas de este lunes en el Supremo para que el instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, le tome declaración como procesada por un delito de desobediencia por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, si bien la también eurodiputada ya avanzó el pasado 28 de marzo que no pensaba acudir, lo que podría propiciar que fuera detenida de nuevo para llevarla ante el alto tribunal.
El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo citó a Ponsatí después de que ese 28 de marzo se presentara en Barcelona desoyendo su obligación de comparecer ante la sede judicial, precisamente, para que pudiera celebrarse esa declaración indagatoria y continuar así con el procedimiento penal, paralizado hasta entonces por encontrarse prófuga en Bruselas.
Ese día, tras ser detenida por los Mossos d’Esquadra y llevada ante un juzgado de guardia de Barcelona, en virtud de la orden de detención nacional que tenía vigente, Llarena acordó dejarla en libertad y citarla para este lunes.
En declaraciones a la prensa, su abogado defensor, Gonzalo Boye, avisó de que su cliente no tenía «ninguna intención» de cumplir con el alto tribunal porque no reconoce su autoridad. La semana pasada, la propia Ponsatí replicó que tenía «otras cosas que hacer» al preguntársele si preveía acudir al Supremo.
Un día antes de su cita en el TS, por Sant Jordi, Ponsatí estará en Barcelona firmando ejemplares de su libro Molts i ningú en el stand de Ona Llibres, en la esquina de Paseo de Gràcia con calle Diputació.
De volver a plantar al Supremo, Llarena ya advirtió en su auto del 28 de marzo de que «conllevará la modificación de su situación personal y su conducción ante este tribunal por la fuerza pública».
Fuentes jurídicas explican que, si está en España y no acude al TS, podría volver a ser detenida aunque de forma meramente instrumental, esto es, para ponerla frente a Llarena y poder completar el trámite procesal.
No obstante, las fuentes descartan que se le pueda imponer prisión preventiva porque la medida cautelar no puede ser más gravosa que la pena aparejada al delito imputado, siendo en este caso uno de desobediencia, que no contempla pena de cárcel, solo multa e inhabilitación.
Si llegado el día y la hora Ponsatí estuviera fuera de España, las fuentes señalan que Llarena podría volver a la situación anterior al 28 de marzo, reactivando la orden de detención nacional y la declaración de rebeldía.
En cualquier caso, cabe recordar que Llarena dejó sin efecto las órdenes de busca y captura europeas e internacionales contra Ponsatí y los demás prófugos del 1-O, precisando que ya solo podría reactivarlas para el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros Toni Comín y Lluis Puig, porque tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación eran los únicos imputados por delitos que conllevaban cárcel.
El tercer escenario que se contempla es que Ponsatí no se presente en el Supremo pero su defensa lo justifique de alguna manera, lo que abriría la puerta a que Llarena le diera una segunda oportunidad fijando nueva fecha para la declaración indagatoria.
Por contra, si Ponsatí comparece voluntariamente, lo previsible es que Llarena siga los mismos pasos que con la ex diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel y la ex consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Meritxell Serret.
Serret se presentó en el Supremo en marzo de 2021 desde Bruselas y Gabriel lo hizo el pasado julio procedente de Suiza. Entonces, el magistrado les comunicó su procesamiento y las dejó en libertad citándolas para la declaración indagatoria. Tras prestar declaración, ambas siguieron en libertad.
En el caso de Gabriel, el más reciente, poco después el instructor del procés puso fin a la investigación y la Sala de lo Penal envió la causa a la Audiencia Provincial de Barcelona al considerar que es el órgano competente, dado que la ex diputada de la CUP ya no goza de la condición de aforada.
Sin embargo, en este extremo la situación de Ponsatí es distinta. Su condición de eurodiputada sitúa la competencia en el Tribunal Supremo, salvo que deje el cargo antes de que se abra juicio oral.
El horizonte penal de Ponsatí se despejó tras la entrada en vigor el pasado 12 de enero de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación, obligando a Llarena a revisar el procesamiento de los huidos del procés.
Hasta ese momento, la ex consejera estaba procesada por sedición, por lo que la desaparición de este delito —penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación— propició que Llarena lo sustituyera por el de desobediencia, castigado con multa de 3 a 12 meses e inhabilitación de 6 meses a 2 años.
Aunque tanto Fiscalía como Abogacía del Estado solicitaron al instructor que sumara el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, con penas de 3 a 5 años de cárcel y 6 a 8 de inhabilitación, Llarena lo rechazó.
