La relación entre el PP y Ciudadanos, dos partidos que se disputan el voto teórico de centro-derecha, es peor que nunca. Entre las causas está la gestión del golpe separatista y de los resultados del 21-D.
PP y Ciudadanos firmaron en agosto de 2016 un documento con 150 reformas tras una negociación vertiginosa para acabar con el bloqueo político que impedía la formación de un Gobierno. Era el primer paso para que Mariano Rajoy lograra su investidura y su continuidad, que consiguió dos meses después al sumar 170 votos a favor y contar con la abstención de 68 diputados socialistas. «Este es el principio de un gran amor», dijo Rafael Hernando (PP) a Juan Carlos Girauta (CS).
La gestión del ‘procés’, el epicentro del conflicto
Ahora la relación entre ambos partidos no solo ha empeorado sino que es peor que nunca. Y todo con el golpe separatista y Cataluña en el epicentro del conflicto. Pese al apoyo de Rivera a la aplicación del 155, la formación naranja acusó al Ejecutivo de Mariano Rajoy de pasividad durante este proceso e Inés Arrimadas logró mostrarse como «voto útil» del constitucionalismo en los comicios del 21 de diciembre, que ganó de forma incontestable con 36 escaños. El PP logró solo cuatro e hizo una particular autocrítica. «Debemos enmendar errores, pero los resultados serían distintos si no hubiese habido ese empeño por parte de Ciudadanos y compañía de hundir al PP para ganar, en lugar de sumar», dijo Xavier García Albiol tras la debacle.
Un día después, presentó una denuncia ante la Junta Electoral contra el diario ABC al considerar que la entrevista a la candidata de Ciudadanos publicada en la jornada de reflexión vulneraba la prohibición de hacer «propaganda electoral». Desde el equipo de Arrimadas lo consideraron una «afrenta» y dijeron que la culpa del fracaso era «de la corrupción y de la falta de proyecto de futuro» de los populares.
En esta guerra fratricida, el PP acusó a Ciudadanos de «poca generosidad» y «mucha arrogancia» por no prestarles un diputado para tener grupo propio en el Parlament. Estos, por su parte, argumentaron que era una práctica de la «vieja política» y que los catalanes no tenían por qué pagar a ese partido «algo que no ganó en las urnas». La consecuencia fue clara: el PP dejó de ingresar 800.000 euros en concepto de subvención pública y se vio obligado a poner en venta su sede en la céntrica calle Comte d’Urgell, a pocos metros de la Diagonal de Barcelona.
También criticó la negativa de Inés Arrimadas a presentarse a la investidura y aseguró que mientras ellos estaban haciendo el trabajo duro, otros estaban silbando desde el tendido cruzados de brazos. «Eso es lo más fácil, pero no es lo más inteligente ni lo más oportuno», añadió el portavoz en el Congreso del PP.
Este miércoles, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, siguió la misma línea en El Gato al Agua y dijo que «aprovechando la fractura del bloque independentista, Ciudadanos podría tomar la alternativa».
En las últimas semanas, su particular debate también se ha extendido a la política lingüística. El Ministerio de Educación propuso incluir una casilla para que los padres puedan escolarizar a sus hijos en español en la región y Rivera desconfió: «Esperamos que no se quede en palabras». Acusó asimismo al PP de no hacer nada para que se cumpla la ley y las sentencias. La respuesta de los populares fue darse tiempo para tratar la cuestión y decir que CS «habla mucho y escribe muchos tuits, pero hace poco». «No tienen ustedes responsabilidades en ningún lado. No es útil votarles», espetó Méndez de Vigo en el Congreso.
El propio Rivera ha ofrecido en las últimas horas desde Barcelona un «plan para ganar al independentismo y al populismo en las urnas», en contraste con el «inmovilismo» del Gobierno de Mariano Rajoy que, a su juicio, ha beneficiado al separatismo y ha dejado «abandonados» a muchos catalanes.
El papel de las encuestas
Las dos formaciones compiten por el voto de centro-derecha -siempre teórico- y llevan más de mes y medio de precampaña. Al fin y al cabo, las elecciones municipales y autonómicas de 2019 no están tan lejos. Rajoy ha señalado en varias ocasiones a CS como el gran enemigo a batir en una lucha que tendrá que librarse, destacó, «barrio a barrio y casa a casa». De momento, las encuestas que encumbran a Rivera. La de GAD 3 para ABC y Metroscopia para El País de mediados de enero situaron a la formación centrista como primera fuerza. El barómetro del CIS publicado a principios de febrero confirmó su crecimiento exponencial, aunque situó todavía a los de Génova 13 en primer lugar.
«Sería absurdo negar que no preocupa CS, esto debe servir para ponernos las pilas». Esta es la afirmación del líder del PP extremeño, José Antonio Monago, el día 12 antes de un almuerzo con Rajoy y los líderes autonómicos. Desde CS señalan que en Moncloa muestran «nerviosismo» y no ahorran en descalificativos. «Y vosotros con Al Capone», aseveró el diputado Toni Cantó a senadores populares el pasado este jueves en la comisión del Senado sobre las cuentas de los partidos. Antes, un informe interno del grupo parlamentario popular criticó a los naranjas por ser «el partido del oportunismo y del bandazo ideológico» y les acusó de hacer «toreo de salón con la calculadora electoral siempre a mano».
Las exigencias para aprobar los Presupuestos
El PP ha denunciado la «obsesión» de CS por derogar leyes como la de Seguridad Ciudadana o la de la prisión permanente revisable -cuestión en la que ha hecho en los últimos meses equilibrios sacando de su discurso la idea que defendió en el Congreso de que esta pena era un eufemismo de la cadena perpetua- y ha declarado que compite con Podemos en una carrera «populista». «Por esa obsesión de derogar todo, acabará derogándose a sí mismo como actor político», ha declarado el diputado Carlos Rojas, quien se ha referido a la decisión de Rivera de desbloquear la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y facilitar así el trámite de las dos propuestas de modificación de PSOE y PNV.
Para Rojas, lo que pretenden los naranjas con este «viraje» y esta «deriva populista» es eliminar normas que son importantes para la seguridad ciudadana, en un «clarísimo error» que «tendrá que explicar a la sociedad española». A juicio del diputado del PP, lo que la formación naranja piensa es que la decisión de «dejar solos» a los populares le puede rentar políticamente.
Ciudadanos ha manifestado, por otra parte, que no apoyará los Presupuestos hasta que el PP deje de «proteger a cargos públicos imputados». Se refiere a la senadora del PP Pilar Barreiro, que continúa en su escaño pese a estar investigada por delitos de corrupción relacionados con la trama Púnica. En esta línea, tampoco respaldará las cuentas públicas si no hay equiparación salarial entre la Policía, la Guardia Civil y las policías autonómicas -1.500 millones en tres años-, y si el Ejecutivo no acepta su «exigencia» de bajar el IRPF a los tres millones de ‘mileuristas’.
La ‘salud’ del pacto
Rivera ha dado por paralizado -«congelado»- el pacto de investidura, mientras que el PP dice que «goza de buena salud» y añade que «lleva cumplido más del 70% entre lo hecho y lo que está en marcha».
Pese a todo, ambos partidos están condenados a entenderse. Diversos estudios demoscópicos señalan que en un escenario sin mayorías absolutas podrían obtener en los comicios de 2019 victorias suficientes para gobernar 14 capitales de provincia que ahora mismo están en manos del PSOE o de Podemos -y de sus marcas blancas-. Entre otras, el PP podría hacerse con Madrid, Zaragoza, Valladolid y Cádiz, mientras que CS podría gobernar en Valencia y Alicante.
Este miércoles, Día de Andalucía, se conoció un nuevo sondeo que abre la puerta a la salida del PSOE del Palacio de San Telmo tras más de 40 años. La encuesta señala que el PSOE ganaría los comicios con el 31,5% de los votos y 41 escaños, mientras que el PP y Ciudadanos -23%- conseguirían 28 y 26 diputados, respectivamente, y se quedarían a solamente un escaño de la mayoría absoluta.
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