Los mismos que no levantaron la voz después de la excarcelación del sanguinario etarra Bolinaga bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y asistieron en silencio a la traición respecto al aborto prometen ahora, desde la oposición, «volver a los principios de siempre».
Pérez Nanclares, Bolinaga, Idoia López Riaño, Rafael Caride Simón, Aitor Bores, Luis María Carrasco… Y así hasta más de 400 etarras excarcelados por el PP. Un Partido Popular que ahora no tiene reparos en advertir al Gobierno del PSOE de que acompañará a las víctimas de ETA.
“La verdad es que creía que la hipocresía y la utilización mezquina de las víctimas del terrorismo por parte del PP había llegado al límite, pero veo que no”, ha manifestado el presidente de Voces Contra el Terrorismo (VCT), Francisco José Alcaraz, tras las declaraciones del diputado popular Javier Maroto en las que avisa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que si las víctimas del terrorismo “salen a la calle pare decir que no les gustan las medidas del Gobierno en materia de ETA, el PP estará para acompañarlas”.
‘El PP quiere conseguir votos con la sangre derramada por mis seres queridos’
El 11 de diciembre de 1987, Alcaraz perdió a su hermano y a sus dos sobrinas de tres años en el atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Ahora afirma alto y claro que “el PP sólo quiere sacar votos con la sangre derramada por mis seres queridos, pero ni el PP ni ningún partido va a utilizar la sangre derramada por mi hermano y mis sobrinas con uso partidista”.
Y es que el Gobierno del PP fue más allá y, el 11 de diciembre del pasado año, no tuvo reparos en excluir a Alcaraz del homenaje oficial a su familia asesinada por ETA. Ese día se cumplían 30 años del atentado en Zaragoza y ni él ni su familia fueron invitados. Ni siquiera los padres de las pequeñas Miriam y Esther -su cuñado Juan y su hermana Rosi-, que milagrosamente fueron rescatados de los escombros que dejó el coche bomba que ordenó poner el que fuera diputado vasco y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco Josu Ternera.
Y Josu Ternera, que puso voz al infame comunicado de disolución de la banda terrorista de ultraizquierda -sin dar la cara, eso sí-, encabeza la lista de terroristas más buscados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mientras campa a sus anchas desde hace más de 15 años. Se encuentra en paradero desconocido desde 2002. Entre sus cuentas a saldar con la Justicia están el citado atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza en el que murieron once personas -seis menores- y, más reciente, su procesamiento por crímenes de lesa humanidad. En enero de 2003 fue incluido en la lista de los delincuentes más buscados de Interpol.
También ha mostrado su sorpresa Alcaraz ante las palabras del portavoz del PP, Rafael Hernando, que ha acusado a Pedro Sánchez de haber negociado con el lehendakari, Íñigo Urkullu, el acercamiento de etarras a cambio del apoyo del PNV a la moción de censura que le ha llevado a la Presidencia.
Sí, el mismo PP que, tal y como publicó El Español en marzo de 2017, habría estado negociando con el PNV el acercamiento de presos al mismo tiempo que debatía sobre los Presupuestos Generales del Estado. A pesar de que la postura oficial del Ejecutivo rechazaba el acuerdo y negaba que hubiera movimientos, en privado el Gobierno sí habría admitido que la dispersión ya no era una línea roja.
‘El PP utilizó de forma torticera la Vía Nanclares’
“El PP no tiene ninguna legitimidad moral para mencionar absolutamente nada que tenga que ver con las víctimas del terrorismo, porque es copartícipe de toda la traición que ha hecho y sigue haciendo el PSOE”, denuncia Alcaraz en declaraciones a La Gaceta, a la vez que recuerda que “el PP no puede criticar a Sánchez por querer acercar a 240 etarras cuando ellos han acercado y han excarcelado a centenares de etarras utilizando de forma torticera la Vía Nanclares”.
Conviene recordar el caso Bolinaga. El 12 de septiembre de 2012, Iosu Uribetxebarria Bolinaga fue premiado por la Audiencia Nacional (AN), que le concedió la libertad condicional por un supuesto cáncer terminal. El etarra cumplía la máxima pena tras haber sido condenado a 178 años de prisión por asesinar a tres guardias civiles y a 32 por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, pero la AN decretó su excarcelación amparándose en un informe que aseguraba que el terrorista tenía un 90% de probabilidad de fallecer antes de un año. “En esta situación clínica, más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueve meses y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10%”, añadía.
Pero la realidad dio la razón a quienes dudaban de la “humanidad” de la Justicia y aseguraban que su nombre formaba parte de la negociación para que ETA se reconvirtiera en fuerza política y dejara de matar. También dejó en evidencia al Gobierno. Y es que desde su salida de prisión hasta su muerte casi dos años y medio después -el 16 de enero de 2015- se pudo ver a Bolinaga paseando sin rubor, entre risas, confidencias y chiquitos en compañía de amigos por las calles y tabernas de Mondragón.
“El PP incumplió todos sus compromisos con las víctimas del terrorismo”, denuncian desde VCT. Y es que para Alcaraz, “no se puede caer más bajo… el PP está dando todos los pasos para llegar a ser un partido más detestable incluso que los que abiertamente piden dar beneficios a la banda terrorista, porque por lo menos -aunque no estemos de acuerdo con ellos- son consecuentes con sus ideas y lo hacen de forma abierta”. “Es peor aún utilizar a las víctimas del terrorismo levantando la bandera de la memoria, la dignidad y la justicia mientras que por detrás se actúa peor que el PSOE”, añade.
‘El PP quiere utilizar a las víctimas’
Voces Contra el Terrorismo tiene claro que este cambio de postura de los populares se debe a la necesidad de votos. “Lo que nos preocupa no es que el PP nos utilice para conseguir votos, sino que a estas alturas haya organizaciones y asociaciones que le hagan el juego al PP para el blanqueamiento de cara ante su electorado… es lamentable”, han lamentado.
“El PP quiere utilizar a las víctimas”, algo -asegura Alcaraz- “inmoral, pero legítimo dentro de la estrategia partidista que tiene el PP”. De los partidos políticos sólo quiere una cosa: hechos, no palabras. “Y los hechos dicen que ni Mariano Rajoy ni los que ahora enarbolan la bandera de las víctimas de ETA levantaron la voz cuando denunciamos que se estaba excarcelando a los terroristas por la Vía Nanclares, tampoco acudieron a las manifestaciones y ninguno ha levantado la voz contra la impunidad de la que disfruta Josu Ternera”, sentencia.
300 presos etarras encarcelados
Actualmente hay alrededor de 300 miembros de ETA encarcelados: 245 en España y unos 50 en Francia, de los cuáles sólo tres, según los datos de la organización de apoyo a los presos Etxerat, están en cárceles vascas. Y un cuarto, Ibon Iparragirre, enfermo de sida, fue trasladado en enero a un hospital de Guipúzcoa para seguir cumpliendo condena en régimen de prisión atenuada a pesar de que el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, reveló que este se negaba a tomar la medicación que podría prolongarle la vida durante años.
Además, hay otro grupo de presos etarras «arrepentidos» en la cárcel alavesa de Zaballa, adonde fueron trasladados los que rompieron públicamente con la banda terrorista en aplicación de la Vía Nanclares.
Otros trece presos están en cárceles españolas a menos de 300 kilómetros del País Vasco y cuatro etarras cumplen condena en la prisión francesa de Mont-De-Marsan, a 234 kilómetros.
Por otro lado, las tres prisiones de la provincia de Cádiz albergan a una treintena de presos etarras, que son los que están más lejos del País Vasco. Nueve prisiones andaluzas se reparten 85 presos, 45 cumplen condena en cárceles de la Comunidad Valenciana y les siguen los internos en centros de Galicia (22), Castilla y León (15) y Castilla La-Mancha (11).
30 años de política de dispersión
Hace treinta años desde que se puso en marcha la política de dispersión de presos de ETA, que ha logrado el aval del Tribunal Constitucional, aunque se han producido acercamientos. El más importante de ellos fue el de 105 etarras, 24 al País Vasco, en 1999 durante la tregua de ETA.
Ya desde su llegada al poder en 1996, el Gobierno del PP dio pasos para flexibilizar la política de dispersión de etarras. A finales de junio de ese año se trasladó a prisiones próximas al País Vasco a 30 presos de la banda con el objetivo, según el entonces responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, de «minimizar los efectos» que la condena tiene sobre su entorno familiar.
En 1997 y 1998 se produjeron más de 50 acercamientos de presos de ETA, siempre en función de la situación individual de cada uno, según el Ejecutivo, que en diciembre de 1998 anunció el traslado a la Península de todos los etarras encarcelados en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
‘El Gobierno de Rajoy le ha dejado el trabajo hecho a Sánchez’
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) tiene “muy claro que el anterior Gobierno le ha dejado buena parte del trabajo hecho a Pedro Sánchez en materia de política penitenciaria y de acercamiento de presos”.
Revelan desde la asociación presidida por Consuelo Ordóñez que, aproximadamente un mes antes de la moción de censura, tuvieron una reunión con el anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Le pidieron, relatan a La Gaceta, “que nos diera su palabra de que el Gobierno no iba a modificar la política penitenciaria… él nos dijo que no podía darnos su palabra”.
“Sabemos que el Ejecutivo de Rajoy iba a dar los pasos para el acercamiento, pero al final no pudo… no porque no pensara hacerlo, sino porque no le dio tiempo”, afirman, a la vez que defienden “que haya una condición fundamental para que los presos sean acercados: el repudio a ETA”.
“Si el acercamiento está orientado a la reinserción, el mínimo exigible para un condenado por terrorismo es el rechazo tajante a la organización a la que perteneció y bajo cuyas siglas ejerció la violencia”, defienden las víctimas, que recuerdan que “los últimos Gobiernos del PSOE y del PP han establecido condiciones para que los presos de ETA cumplan condena en prisiones cerca de sus domicilios, de manera que la distancia que los separa de sus casas esté en sus manos”.
Casado ‘olvida’ la traición de su partido respecto al aborto
El candidato a la presidencia del PP Pablo Casado ha criticado la propuesta de ley de eutanasia que pretende impulsar el PSOE y ha dicho que el aborto «no es un derecho».
En un acto con militantes del PP de Zamora abierto a los periodistas ha explicado que el pasado martes interrumpió su campaña para acudir al Congreso de los Diputados a votar contra la ley de eutanasia porque «no hay nada más progresista que defender la vida». En este sentido ha mencionado el tema del aborto, una de las mayores traiciones de su partido en la legislatura en la que contó con mayoría absoluta, y ha señalado que le gustaba el «consenso social» del que gozó la ley impulsada por los socialistas en la década de los años ochenta.
Esta ley fue modificada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que atendió a las exigencias del feminismo radical y de las clínicas abortistas y liberalizó el aborto en las primeras catorce semanas de gestación. El PP, aunque Casado lo haya olvidado, incumplió su programa electoral en 2011 no derogando una «ley injusta» que sigue recurrida ante el Tribunal Constitucional -que no se ha pronunciado en ocho años- y sólo llevó a cabo una «minireforma», tildada de «burla» por las asociaciones provida, basada única y exclusivamente en la eliminación de la potestad de las menores de 16 y 17 años para poder abortar sin permiso paterno.
Posteriormente, la cúpula del partido purgó y decidió eliminar de las listas electorales a los diputados como Lourdes Méndez y Javier Puente, que se manifestaron en contra de la «traición» y del «ataque» a los fundamentos de la democracia al «incumplir una promesa y no proteger la vida», y nadie desautorizó a la diputada Celia Villalobos -hoy avalista de la candidata Soraya Sáenz de Santamaría– tras asegurar que lo que no cabía en su partido eran las personas contrarias al aborto.
El PP apoyó además en mayo del pasado año un texto en el Senado en el que se llamaba a «garantizar el aborto en todos los servicios de salud de las comunidades autónomas como una prestación y un derecho con garantías de equidad» y desarrollar una norma que prohíba que las mujeres tengan que pagar para acceder a ese «derecho».
