Hace unos días vi cómo TV3 reescribe la historia. Ocurrió el domingo pasado, en el informativo mediodía, aprovechando los 50 años de la Ley de Asociaciones Políticas; la que, en la práctica, legalizaba todos los partidos excepto el PCE. Tanto quejarse de que algunos blanquean el franquismo y la cadena autonómica blanqueaba la oposición al franquismo.
«Actualmente —explicaba la voz en off de un periodista de la casa, Antoni Armengol— se tiende a desmitificar ese proceso de la ley a la ley», es decir, la Transición. A continuación, destacaba el papel de la sociedad civil, “que forzó al régimen a transformarse”. Hasta encontraron a un profesor de historia contemporánea de la UAB, Martí Marín, que sustentaba semejante afirmación. Su opinión coincidía con la de la corporación.
Recordó las manifestaciones por la amnistía y las huelgas de ese año. Remarcó que se había pasado «de 100.000 a 700.000 huelguistas» y que se habían convocado en ciudades como Valladolid o Santander. No es moco de pavo porque eran ilegales y la gente se jugaba el tipo. Pero, si no recuerdo mal, Franco murió en la cama.
Yo era pequeño, aunque me vienen a la cabeza las colas interminables delante del féretro del caudillo para decir un último adiós. Incluido aquel obrero del metal vestido con mono azul que había ido directamente desde su puesto de trabajo. No les obligaron, ni los llevaron en autocar, ni les regalaron el bocadillo. En teoría, más de dos millones de personas, según cifras oficiales.
En Portugal, al menos tuvieron el detalle de hacer una revolución. Aquí, ni eso. Es una cosa que la izquierda nunca ha superado. Todas las leyes de memoria: primero la histórica (2007) y luego la democrática (2022) —como si la primera no fuera lo suficientemente democrática— vienen de ese trauma. Es una manera de rehacer la historia.
Sin restar importancia a las protestas, me pregunto cuántos opositores efectivos hubo durante el franquismo. De aquellos que se jugaban el tipo corriendo delante de los grises. ¿Un 1%? ¿Un 5? ¿Un 10? Incluso las peores dictaduras no aguantan sin apoyo social.
Al fin y al cabo, el PSOE era entonces marginal. Quien supuestamente llevaba la voz cantante era el PCE. A pesar de que, en las primeras elecciones generales, se quedó por debajo del 10%: apenas 20 diputados. Frente a los 165 de la UCD (34%) y a los 118 del Partido Socialista (20%).
La extrema izquierda era una auténtica sopa de letras. Entre la Liga Comunista, la Liga Comunista Revolucionaria, el Movimiento Comunista, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, el Partido del Trabajo. Yo me aprendí todas las siglas para hacer un trabajo escolar. Ser comunista a secas era visto casi como algo burgués y revisionista. La mayoría eran marxistas, marxistas-leninistas, trotskistas y hasta maoístas. Nunca entendí aquello de intentar sustituir una dictadura por otra, aunque fuera del proletariado.
Por eso, desde hace años se vende una imagen idílica de la Segunda República. Pese a que mi difunta abuela —que vivió la guerra y la posguerra— siempre me decía: «Los de la FAI eran más malos que la tiña», enfermedad de la piel felizmente de baja. Entonces era un verdadero incordio.
Dolors Puig i Puig —la yaya Lola en la intimidad— fue probablemente la última catalana monolingüe. Chapurreaba con dificultades el castellano. Y eso no ocurría en un lejano pueblo del Pirineo, sino en el barrio barcelonés de La Sagrera. Cuando iba al centro, decía que «voy a Barcelona» porque había nacido en un municipio independiente, de esos que luego se anexionaron a la Ciudad Condal.
En cierta manera, era el eslabón perdido con la Cataluña de los años 30, aquella que algunos catalanes tenemos mitificada. Yo, la verdad sea dicha, cada vez menos. Nunca perdonó a la República que le quemaran los santos de la parroquia. Era muy de misa. Un historiador local me contó, por otra parte, que al morir Franco su madre derramó unas lágrimas. El hombre le preguntó por qué lo hacía si, de joven, había pertenecido a Mujeres Libres, una organización femenina de ideología anarquista. «Porque en 40 años los españoles no nos hemos matado entre nosotros», le respondió.
Sin obviar, por supuesto, que es más fácil imponer la ley y el orden en una dictadura. A fin de cuentas, el régimen aplicó la pena de muerte a condenados con delitos de sangre hasta los años 50. Mientras que los últimos ejecutados —en este caso de ETA y del FRAP— fueron en septiembre de 1975 tan sólo dos meses antes de la muerte de Franco. Eso sí, en la cama.
