El Gobierno no quiere sorpresas este verano y permanecerá «en alerta» por si la Generalitat aprueba las leyes de ruptura o convoca oficialmente el referendo. Los ministros deben estar «localizables» y no marcharse muy lejos.

El procés está en su fase final, quedan poco más de dos meses para el 1 de octubre, fecha prevista para el referéndum. Sin embargo el Parlament aún no ha aprobado las leyes que debrían dar amparo jurídico al referéndum y a lo que vendría después. Se trata de la “ley del referéndum” y la llamada “ley de transitoriedad jurídica”, ambas presentadas, pero fuera de sede parlamentaria. No han sido votadas y no son oficiales. ¿Cuándo pasarán por el Parlament? Es lo que trae de cabeza al Gobierno.
Lleva tiempo especulándose con el mes de agosto. Una fecha con la que la Generalitat buscaría entorpecer al máximo la reacción del Gobierno central, demorar su respuesta y ganar tiempo. Si bien es cierto que hace unos días, el vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, sugería que las leyes podrían ser aprobadas «a principios de septiembre», y no durante agosto.
Sin embargo, la cámara autonómica está habilitada ya en agosto, pero según Junqueras, la habilitación «está destinada fundamentalmente a cuestiones de plazos administrativos internos, y no forzosamente para convocar plenos».

«Evitar destinos lejanos o complicados»

Sea como fuere, según desvela el diario ABC, La Moncloa quiere tener prevista la posibilidad de agosto y ha pedido a los ministros y parlamentarios que estén alerta durante todo agosto por si fuera necesario un regreso urgente. “Se les ha pedido que estén disponibles y localizables, en zonas con cobertura y con los móviles siempre encendidos. Se ha aconsejado contratar seguros de cancelación de viajes, billetes con la vuelta abierta y rutas de regreso bien planeadas en el caso de estar en destinos alejados o complicados”, informa ABC citando fuentes de Moncloa. El objetivo es que el Ejecutivo y los diputados estén al 100% operativos en menos de 24 horas.
Así, si los separatistas aprobaran por sorpresa alguna de las citadas leyes o convocaran oficialmente el referendo, el Gobierno tendría que estar en condiciones de impugnarlo mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional. Y para que eso ocurra no sólo debería estar activo el Consejo de Ministros, también la Abogacía del Estado, el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional, además de la Fiscalía, si actúa por incumplimiento de la prohibición de actos preparatorios y organización del referéndum de independencia. Según ABC, el Gobierno estima que en 48 horas podría haberse frenado la embestida.

Artículo 155: El largo camino hasta la suspensión de competencias

Más tiempo requeriría, como ya indicó La Gaceta, la suspensión de algunas competencias autonómicas vía Artículo 155. El 15 requiere tiempo, y cada vez hay menos. Es por eso, quizá, por lo que Puigdemont está demorando al máximo la aprobación de las “leyes de desconexión”: los tiempos.
El 155 no se aplica automáticamente, sino tras un largo proceso. Un proceso que incluye informes, alegaciones, apelación a una comisión del Senado, a su presidente, al pleno, pruebas de incumplimientos, requerimientos, propuestas, debates y finalmente una votación.
En este caso tendrían un papel protagonista los senadores, de ahí el llamamiento que, según el diario de Vocento, se les ha hecho también. Sería el Pleno de la Cámara Alta, por mayoría absoluta, el que autorizaría al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad rebelde al cumplimiento forzoso de sus obligaciones, para la protección del interés de todos los españoles.

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¿Y si por no aplicar el Art. 155 hay que aplicar el 116?

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