El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha procesado a los exdirigentes de ETA Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, Juan Antonio Olarra Guridi, Félix Ignacio Esparza y Ainhoa Múgica por su presunta responsabilidad en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola, cometido en agosto de 2002 y en el que fueron asesinadas dos personas y decenas resultaron heridas. En concreto, fallecieron Silvia Martínez Santiago, una niña de seis años, hija de un guardia civil que vivía en el acuartelamiento y Cecilio Gallego Alaminos, de 57 años, jubilado de Telefónica y vecino de Torrevieja, que esperaba el autobús en las inmediaciones.
En un auto, el magistrado considera que existen indicios de que el ataque fue posible gracias a la actuación coordinada de distintos órganos de la banda terrorista, sometidos a las directrices de su órgano de dirección, conocido como ZUBA o Comité Ejecutivo.
El atentado se enmarcó, según el instructor, en la estrategia criminal de ETA y fue ejecutado por el denominado comando Argala mediante la colocación y explosión de un vehículo Ford Escort cargado con aproximadamente cien kilogramos de explosivos.
El juez analiza la posición que ocupaba cada uno de los procesados dentro de la organización en el momento de los hechos y detalla los indicios que apuntan a su participación en la preparación y sostenimiento de la acción terrorista.
Iparraguirre, conocida como ‘Anboto’, estaba al frente del aparato de finanzas de ETA, encargado de gestionar y distribuir los recursos económicos destinados al funcionamiento de sus distintas estructuras. Para el magistrado, existen indicios de que desde esa responsabilidad contribuyó a financiar y mantener las estructuras que hicieron posible el atentado, garantizando los recursos necesarios para adquirir, almacenar y suministrar los medios utilizados por los comandos.
Matrículas falsas y explosivos
En cuanto a Olarra Guridi, el auto señala que existen indicios racionales de criminalidad por su condición de integrante de la dirección de ETA y máximo responsable, junto con Múgica, de la estructura militar Otsagi. Esta organización tenía atribuidas funciones de dirección operativa de los comandos, suministro de material y coordinación de las acciones terroristas.
El instructor destaca que las matrículas falsas utilizadas en el coche bomba se confeccionaron a partir de datos obtenidos por integrantes del comando Txirrita y facilitados a responsables de la estructura militar. La investigación apunta a que Olarra Guridi intervino en la obtención y suministro de los medios empleados por el comando ejecutor. También existen indicios de que desde la estructura bajo su responsabilidad se proporcionó el vehículo, previamente acondicionado para el atentado.
Por su parte, Félix Ignacio Esparza era el máximo responsable del aparato logístico de ETA y miembro de la ZUBA. Esa estructura se encargaba de obtener, almacenar y distribuir los recursos materiales necesarios para la actividad terrorista, incluidos explosivos, vehículos sustraídos, documentación falsa y matrículas.
La causa fue reabierta en marzo de 2022 a raíz de una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia. En 2012, la Audiencia Nacional ya había condenado a 843 años de prisión a los dos autores materiales del atentado, Óscar Celarain y Andoni Otegi.