El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha dicho que está «muy de acuerdo» con el PSOE en que el Gobierno «no puede aprovechar la aplicación del 155 para cambiar la política lingüística en las escuelas catalanas».
Iceta, que se ha referido a este asunto a su llegada al Comité Federal del PSOE, ha asegurado que no entiende «cómo ha levantado el Gobierno esta polémica cuando afirma además que no quiere cambiar lo que en teoría es su posición».
El líder de los socialistas catalanes se ha referido así a la posibilidad del Ejecutivo de Rajoy incluya una casilla para elegir el castellano en la matriculación del próximo curso.
Para cumplir la ley
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes que el Gobierno quiere asegurar la libertad y el derecho de los padres a elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos en los centros educativos de Cataluña.
«El cómo lo hagamos, lo estamos estudiando, pero sin duda lo haremos», ha aseverado el ministro, quien ha explicado que durante los tres últimos cursos el Ejecutivo «no ha estado de acuerdo» en cómo se llevaba a cabo la garantía de poder estudiar en castellano como lengua vehicular en Cataluña y lo ha recurrido.
«Lo coherente es que, de acuerdo con esos recursos, queramos en estos momentos modificarla (la preinscripción) en ese sentido, pero eso no significa ningún cambio del modelo educativo de Cataluña», ha recalcado.
Asimismo, el también portavoz del Gobierno ha recordado que «los modelos educativos están en las leyes», en la Lomce y, en este caso, en la Ley de Educación catalana de 2009, «que está plenamente vigente», y ha apuntado que ningún Gobierno puede modificarla, el único que puede es el Parlamento catalán.
El Ejecutivo ha tomado la decisión ahora de garantizar el derecho a las clases en castellano en virtud del artículo 155, por el que el Ministerio tiene las competencias de la Consejería de Educación catalana.
Además, ha insistido en que «esto no es más que cumplir con una obligación» tal y como lo establecen el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
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