El lĆder socialista, Pedro SĆ”nchez, critica alĀ GobiernoĀ y asegura queĀ Ā«con la ley no basta y que falta la polĆticaĀ».
ElĀ GobiernoĀ ha decidido aumentar su control sobre las cuentas de la Generalitat y verificarlas semanalmente despuĆ©s de detectar un desvĆo de 6.150 euros, que podrĆan estar destinados a la preparación del referĆ©ndum ilegal del 1 de octubre.
Una partida, con cargo al programa «132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales», sobre la que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha reclamado mÔs explicaciones a la Intervención General de la Generalitat, que, de momento, no se le han facilitado.
Asà las cosas, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, en una reunión presidida por Mariano Rajoy, ha acordado que se le remitan semanalmente los gastos del gobierno catalÔn.
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique FernÔndez de Moya, remitió el martes una carta a la interventora general de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal Planella, avisando de que, según el Tribunal Constitucional, destinar dinero público a preparar ese referéndum es inconstitucional.
La medida cuenta con el apoyo de Ciudadanos, pero no del PSOE. El partido liderado por Albert Rivera ha mostrado su apoyo a la medida para evitar que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ponga «en riesgo» los servicios bÔsicos. «Vemos bien que el Gobierno se asegure de que el dinero que tiene que ir destinado a pagar a las farmacias o a otros proveedores no se utilice para el plan separatista». Por su parte, los socialistas creen que «no es la solución».
El secretario general, Pedro SÔnchez, ha asegurado que «la crisis territorial no se resuelve con amenazas por tierra, mar y aire», sino con «diÔlogo y mesura».
SÔnchez ha clausurado este sÔbado en la sede del Conservatorio de Música, en Palma, el 13 Congreso de los Socialistas de Baleares, que ha ratificado a Francina Armengol, actual presidenta del Govern balear, como secretaria general del PSIB-PSOE.
El lĆder socialista ha insistido en que Ā«las soluciones para CataluƱa pasan por la ley porque fuera de la ley no hay nadaĀ», pero ha advertido que en estos seis aƱos se ha demostrado que Ā«con la ley no basta, que falta la polĆticaĀ». Para SĆ”nchez, a Ā«un presidente de Gobierno hay que pedirle mirar alto, lejos, que haga polĆtica, que encuentre soluciones justasĀ».
El PNV, contra la aplicación del 155
La presidenta delĀ PNVĀ de Vizcaya, Itxaso Atutxa, estĆ” convencida de que el Gobierno no recurrirĆ” al artĆculo 155 de la Constitución para impedir el referĆ©ndum ilegal en CataluƱa, pero ha advertido de que si lo hace elĀ PNVĀ se replantearĆ” sus relaciones con el Ejecutivo.
Ā«Creo que el Gobierno espaƱol no va ir por vĆas de mĆ”s fuerza que las que ya estĆ” demostrando, como el 155. Eso no va a llegar afortunadamente, si se llegara a esos lĆmites desde luego nosotros tendremos que plantearnos otra forma de relación porque hay cosas que no se pueden extralimitarĀ», ha afirmado.
Atutxa ha reconocido que no sabe cómo acabar el proceso secesionista catalÔn -«no sé si alguien lo sabe», ha dicho- pero ha considerado una «barbaridad» que no se respete la voluntad del pueblo catalÔn ni las decisiones de su Parlamento.
Ā«Todo este proceso ha utilizado vĆas democrĆ”ticas y legales. Por mĆ”s que se empeƱen desde el Gobierno espaƱol en decir lo contrario, no ha habido ninguna alteración del orden legalĀ», ha dicho.
Ā«No ha habido cintura, no sĆ© si por las dos partes, pero he visto un pueblo catalĆ”n unido, un sentimiento que va mĆ”s allĆ” del nacionalismo, y a un Gobierno espaƱol que no es capaz de reconocer que tiene un problema en CataluƱa y poniendo en marcha toda la fuerza del aparato del Estado, como vimos con la entrada de la Guardia Civil en el Parlament y la Generalitat para conseguir información que podĆan pedir de otra maneraĀ». En su opinión, esta actuación policial es un Ā«circo para generar miedo que el aparato del Estado mĆ”s tradicional suele hacer y sacarle rĆ©dito polĆticoĀ».
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El Gobierno controlarĆ” semanalmente a la Generalitat para que no financie la consulta ilegal