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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Sánchez, contra el control de las cuentas de la Generalitat: 'No se arregla con amenazas'

El líder socialista, Pedro Sánchez, critica al Gobierno y asegura que «con la ley no basta y que falta la política».


El Gobierno ha decidido aumentar su control sobre las cuentas de la Generalitat y verificarlas semanalmente después de detectar un desvío de 6.150 euros, que podrían estar destinados a la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Una partida, con cargo al programa «132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales», sobre la que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha reclamado más explicaciones a la Intervención General de la Generalitat, que, de momento, no se le han facilitado.
Así las cosas, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, en una reunión presidida por Mariano Rajoy, ha acordado que se le remitan semanalmente los gastos del gobierno catalán.
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, remitió el martes una carta a la interventora general de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal Planella, avisando de que, según el Tribunal Constitucional, destinar dinero público a preparar ese referéndum es inconstitucional.
La medida cuenta con el apoyo de Ciudadanos, pero no del PSOE. El partido liderado por Albert Rivera ha mostrado su apoyo a la medida para evitar que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ponga «en riesgo» los servicios básicos. «Vemos bien que el Gobierno se asegure de que el dinero que tiene que ir destinado a pagar a las farmacias o a otros proveedores no se utilice para el plan separatista». Por su parte, los socialistas creen que «no es la solución».
El secretario general, Pedro Sánchez, ha asegurado que «la crisis territorial no se resuelve con amenazas por tierra, mar y aire», sino con «diálogo y mesura».
Sánchez ha clausurado este sábado en la sede del Conservatorio de Música, en Palma, el 13 Congreso de los Socialistas de Baleares, que ha ratificado a Francina Armengol, actual presidenta del Govern balear, como secretaria general del PSIB-PSOE.
El líder socialista ha insistido en que «las soluciones para Cataluña pasan por la ley porque fuera de la ley no hay nada», pero ha advertido que en estos seis años se ha demostrado que «con la ley no basta, que falta la política». Para Sánchez, a «un presidente de Gobierno hay que pedirle mirar alto, lejos, que haga política, que encuentre soluciones justas».

El PNV, contra la aplicación del 155

La presidenta del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa, está convencida de que el Gobierno no recurrirá al artículo 155 de la Constitución para impedir el referéndum ilegal en Cataluña, pero ha advertido de que si lo hace el PNV se replanteará sus relaciones con el Ejecutivo.
«Creo que el Gobierno español no va ir por vías de más fuerza que las que ya está demostrando, como el 155. Eso no va a llegar afortunadamente, si se llegara a esos límites desde luego nosotros tendremos que plantearnos otra forma de relación porque hay cosas que no se pueden extralimitar», ha afirmado.
Atutxa ha reconocido que no sabe cómo acabar el proceso secesionista catalán -«no sé si alguien lo sabe», ha dicho- pero ha considerado una «barbaridad» que no se respete la voluntad del pueblo catalán ni las decisiones de su Parlamento.
«Todo este proceso ha utilizado vías democráticas y legales. Por más que se empeñen desde el Gobierno español en decir lo contrario, no ha habido ninguna alteración del orden legal», ha dicho.
«No ha habido cintura, no sé si por las dos partes, pero he visto un pueblo catalán unido, un sentimiento que va más allá del nacionalismo, y a un Gobierno español que no es capaz de reconocer que tiene un problema en Cataluña y poniendo en marcha toda la fuerza del aparato del Estado, como vimos con la entrada de la Guardia Civil en el Parlament y la Generalitat para conseguir información que podían pedir de otra manera». En su opinión, esta actuación policial es un «circo para generar miedo que el aparato del Estado más tradicional suele hacer y sacarle rédito político».
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El Gobierno controlará semanalmente a la Generalitat para que no financie la consulta ilegal

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