El Gobierno controlará semanalmente a la Generalitat para que no financie la consulta ilegal

Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

El Ejecutivo suspenderá las entregas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) si corrobora que eso ocurre.


El Gobierno comprobará semanalmente que la Generalitat no financia el referéndum ilegal del 1 de octubre con dinero público, de modo que suspenderá las entregas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) si corrobora que eso ocurre.
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha informado de este punto abordado en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, presidida por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.
Dicho acuerdo está encaminado a «impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gasto» para esa consulta «ilegal» sobre la independencia, ha dicho el también ministro de Educación antes de resaltar que se persigue, así, «garantizar el buen fin de los dineros públicos».
En rueda de prensa, y tras recordar que el Tribunal Constitucional ha declarado nula la disposición de la Ley de Presupuestos de Cataluña referida a la financiación del referéndum, Méndez de Vigo ha lamentado que, pese a ello, los promotores de la consulta continúen con la voluntad de celebrarlo, lo que genera «un riesgo para el interés general» e «incertidumbre económica».
Así que, como medida preventiva, aunque de entrada en vigor inmediata, ha apuntado el ministro, el Gobierno exigirá a la Generalitat la remisión semanal de certificados individuales a una serie de cargos.
Serán los interventores de las consejerías, los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, al director general de Presupuestos y al de Política Financiera, Seguros y Tesoro.
Según señala el acuerdo, el Ministerio de Hacienda se encargará de la verificación de la información que envíen dichos cargos y, si constatara que se está llevando dinero público a la celebración del referéndum, trasladará el asunto a las autoridades competentes. Asimismo, si se incumplen los requerimientos, el Gobierno aplicará «lo previsto» en el acuerdo de la Comisión de Asuntos Económicos del 15 de noviembre de 2015, el cual condiciona el desembolso del FLA.
Cataluña ha recibido de este fondo, desde 2012, más de 63.000 millones de euros; este año, la cuantía es, por ahora, de 3.600 millones.
Los «acontecimientos de las últimas semanas» en Cataluña han motivado en gran medida este acuerdo del Gobierno, ha reconocido Méndez de Vigo.
«El acuerdo de hoy es lo que es y es muy importante», se ha limitado a contestar al ser preguntado si esta decisión podría ser la antesala para, en un futuro, aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Méndez de Vigo ha insistido en que lo que ha dicho el Gobierno, desde el principio apoyándose en las sentencias del TC, es que cualquier destinado a ese referéndum ilegal «no puede ser pagado con dinero público».
En esta línea, ha dicho que, si siguen adelante con sus pasos, serán los independentistas quienes tengan que sufragar con su dinero ese referéndum.
Según sus palabras, el acuerdo es «una actuación preventiva a favor del bienestar y de la prosperidad de todos los catalanes», garantizando que el dinero que debe ir a servicios públicos no vaya a financiar un referéndum ilegal.
El portavoz, quien ha dicho desconocer si la Generalitat catalana había sido informada antes de este acuerdo, ha apuntado que no contempla la posibilidad de que las personas señaladas como responsables de remitir la información requerida no lo hagan, porque «los funcionarios cumplen la ley».
«Sería muy grave», ha advertido y ha dicho que las posibles sanciones dependerían de cuál fuera el tipo de conducta.
No obstante, ha admitido que hasta ahora todo han sido anuncios y que no hay ni siquiera una convocatoria oficial, porque «nadie ha firmado nada».
Ha aprovechado asimismo para hacer una nueva llamada «a la cordura» y al diálogo «sin fecha de caducidad» dentro de la ley y a evitar «la radicalidad del gobierno de la Generalitat, en manos de los extremistas más extremistas», donde se está viendo «una sucesión de purgas, de dimisiones».
«La obligación del Gobierno es que todos estos pasos fuera de la ley no tengan una subvención», ha recalcado.
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