PSOE y Sumar encaran la recta final de octubre, mes en el que se conjuraron para tratar de tener listo un acuerdo de coalición, inmersos en la negociación para fraguar ese pacto y con la reducción de la jornada laboral como uno de los principal puntos que les mantienen distanciados.
También ha transcendido que otros asuntos en liza son el mantenimiento de los actuales impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas, como reclamó durante esta semana la líder de Sumar y vicepresidenta, Yolanda Díaz. Además, el reconocimiento del Estado palestino de forma incondicional y urgente es otra de las peticiones de Sumar.
El pasado día 4 el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la vicepresidenta Díaz se reunieron en la nueva ronda de contactos para la investidura y ambas partes acordaron intensificar las conversaciones, con la voluntad de poder conseguir un acuerdo de Gobierno en octubre. Sin embargo, a medida que han ido pasando las semanas ambos partidos evitan hablar de fechas concretas.
En el caso de Sumar, el equipo negociador está compuesto por los secretarios de Estado Nacho Álvarez y Joaquín Pérez Rey, así como la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop en calidad de coordinadora del programa electoral de la coalición. Mientras, el PSOE designó una comisión negociadora con los grupos parlamentarios de la que forman parte la ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños y la ministra de Educación, Pilar Alegría, entre otros.
No obstante, ambas partes recalcan que el mes de octubre no implica una fecha límite y el viernes, por ejemplo, el ministro de Consumo Alberto Garzón desgranó que el límite lo marca noviembre, dado que el tope está fijado el 27 de noviembre de ese mes, cuando se disolverán las Cortes Generales si nadie logra ser investido y se convocarían nuevas elecciones generales.
Así, tanto Nacho Álvarez como el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, como su homóloga en el Congreso, Marta Lois, han apuntado que no puede haber Gobierno a «cualquier precio», que la legislatura no puede ser de mera «continuidad» o al «ralentí» y que para ello es necesario lograr avances concretos y nítidos en la agenda social, como aprecian que se ha hecho en el plano territorial con el debate sobre la posible ley de amnistía.
En Moncloa y en Ferraz sostienen que no están preocupados, creen que finalmente habrá acuerdo y aseguran que las negociaciones se van desarrollando tal como habían pensado en un principio, sin complicaciones de última hora, aunque admiten que son complejas y por tanto es difícil solventarlas en unas pocas semanas.
En todo caso, los socialistas han decidido dejar de hablar de fechas y no ponerse límites temporales, y eso afecta tanto a las negociaciones con el independentismo como a las conversaciones con Sumar. Se ciñen por tanto a la consigna de la «discreción absoluta» para poder alcanzar acuerdos «cuanto antes», pero evitan concretar si la fecha fijada con Sumar para tener un acuerdo de Gobierno sigue vigente.
