El Diario Oficial de la Generalidad Valenciana (DOGV) ha publicado este lunes la reforma del Reglamento de Las Cortes Valencianas, una modificación impulsada por VOX que pone fin al uso del lenguaje inclusivo en la Cámara autonómica y elimina varias comisiones de marcado carácter ideológico, entre ellas la LGTBI, la de Derechos Humanos, la de Participación y la de Asuntos Europeos.
La reforma, aprobada gracias a VOX, introduce cambios de calado en el funcionamiento interno del Parlamento valenciano con el objetivo declarado de racionalizar la actividad parlamentaria, reforzar la seguridad jurídica y devolver neutralidad institucional a la Cámara.
En el preámbulo del nuevo reglamento se subraya la necesidad de homogeneizar los procedimientos de elección de las mesas de Las Cortes y de las comisiones parlamentarias, estableciendo reglas claras de votación mediante candidaturas cerradas y paritarias, con el fin de dotar de mayor objetividad y transparencia a estos procesos.
Asimismo, la reforma reorganiza el sistema de comisiones permanentes, tanto legislativas como no legislativas, reordenando materias, clarificando competencias y fijando una periodicidad mínima de actividad, con el propósito de reforzar el control parlamentario sobre la acción del Consejo.
Otro de los cambios relevantes afecta al debate de política general, que pasa a contar con una regulación más detallada para garantizar una estructura ordenada y facilitar la labor fiscalizadora de los grupos de la oposición.
El nuevo reglamento también modifica el sistema de control de las subvenciones a los grupos parlamentarios, que dejarán de regirse por la Ley General de Subvenciones y pasarán a depender de una norma interna de Las Cortes. Además, se amplían las facultades de control parlamentario sobre la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana, permitiendo a la Cámara acceder a toda su información.
Desde VOX han defendido la reforma como un paso necesario para desideologizar las instituciones, eliminar estructuras creadas con fines identitarios y acabar con el uso de un lenguaje que consideran ajeno a la neutralidad que debe presidir el funcionamiento parlamentario. La formación subraya que el reglamento recupera su función esencial como herramienta técnica al servicio de la representación democrática, y no como vehículo de agendas políticas o culturales.
