El expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont lleva semanas poniendo difícil la investidura de Pedro Sánchez. Los equipos negociadores del PSOE y Junts han encallado en una de las imposiciones que ha dictado el prófugo de la justicia desde Bélgica. Puigdemont ha exigido el «reconocimiento de Cataluña como nación».
Esta exigencia, sin embargo, es paralela a la posible ley de amnistía. Según reconoce el propio equipo negociador de Junts, la petición de Puigdemont repercutiría negativamente en la ley puesto que no pasaría el filtro del Tribunal Constitucional. Esta es, sin embargo, una condición sine qua non de Puigdemont, que se niega a investir a Sánchez sin el reconocimiento a la nación catalana.
Fuentes de Junst garantizan que es «el principal escollo y punto de fricción» de las avanzadas conversaciones, que se iniciaron hace meses con la posible investidura de Feijoo, que previsiblemente iba a fracasar. Entonces se activó la maquinaria socialista para amarrar los apoyos parlamentarios de los partidos separatistas.
En este mismo sentido, los últimos días se ha producido un intercambio acelerado de borradores sobre el texto de una futura ley que pueda ser aprobada por los dos partidos. En particular, se espera acordar una versión definitiva la semana del 6 de noviembre. Junts se ha fijado en estas negociaciones la intransigencia en el acuerdo, y las indicaciones de Puigdemont es que «no puede ser discutido».
