La reforma del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad ha unido contra la ministra Mónica García a médicos, sindicatos y al conjunto del personal de la sanidad pública. A la huelga de cuatro días convocada por los facultativos desde el próximo martes hasta el viernes 12 —el tercer paro en pocos meses por este mismo motivo— se suma ahora un paro indefinido anunciado para todos los martes desde el 27 de enero por parte de UGT, CSIF, Satse, CCOO y CIG-Saúde, sindicatos que negocian directamente el texto con el departamento de García.

Pese a que cada colectivo mantiene razones distintas, la iniciativa de Sanidad no convence a ninguno. Los médicos reclaman un estatuto propio que regule únicamente sus condiciones y que les permita negociar de forma directa con el ministerio. Mientras tanto, las centrales sindicales del ámbito de negociación recuerdan que existen líneas rojas esenciales que el borrador ignora y critican la deslealtad de Sanidad por abrir conversaciones paralelas con facultativos al margen de la mesa oficial.

En su intervención conjunta de este jueves, los sindicatos denunciaron que el ministerio no pretende acordar un texto que beneficie a todos los profesionales de la sanidad pública «sin excepciones y sin discriminaciones». Señalaron además las reuniones que García ha mantenido con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz y la Agrupación de Profesionales por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf).

El jueves también trascendió que la ministra envió una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que aclarase posibles «vulneraciones contractuales, asistenciales o éticas» en un centro sanitario.

La secretaria estatal del sector Salud de UGT, Begoña Ballell, denunció este «proceso paralelo» con organizaciones ajenas a la mesa y lanzó un mensaje rotundo: «Lamentamos que un ministerio que forma parte de un gobierno que se autodefine como progresista haya sido el único que haya tenido el dudoso honor de lograr un frente sindical para convocar una huelga».

Los sindicatos insisten en mantener exigencias básicas: adaptar las retribuciones a la nueva clasificación profesional, fijar un límite de jornada que facilite la conciliación y concretar condiciones claras para la jubilación anticipada y parcial. Recuerdan que, aunque la ministra aseguró que existía acuerdo en la mayoría de cuestiones, esa afirmación no se corresponde con la realidad. «No vamos a tolerar que se afirme que el Estatuto Marco está cerrado al 99% cuando no hay nada más lejos de la realidad».

Del mismo modo, reprocharon al Ministerio que tras la reunión del 6 de noviembre —en la que Sanidad prometió convocar una nueva sesión sobre clasificación y retribuciones— no se haya fijado ninguna fecha. «Queremos negociar y estamos a la espera, pero la falta de avances obliga a convocar movilizaciones».

El departamento de García respondió asegurando que muchas de las demandas sindicales exceden sus competencias y no pueden incorporarse al Estatuto Marco, definido como una ley básica estatal. Defendió haber alcanzado el «máximo desarrollo posible» dentro del marco legal y respetando competencias autonómicas.

Sanidad destacó que la reforma reduce la jornada máxima semanal a 45 horas, establece guardias de 17 horas y reordena la clasificación profesional. Recordó también que no tiene capacidad para fijar importes salariales concretos, establecer la jubilación anticipada o imponer un límite de 35 horas semanales. «Bloquear su aprobación por demandas ajenas al marco competencial implicaría desaprovechar una oportunidad histórica de reforma normativa pendiente desde hace dos décadas», afirmó el ministerio.

La propia ministra difundió un vídeo en redes en el que defendió que su propuesta «mejora significativamente» las condiciones laborales del personal, aún reguladas por un Estatuto de 2003. Añadió que durante el proceso de negociación se reunió con sindicatos, sociedades científicas, colectivos profesionales y pacientes.

La CESM reiteró este jueves que mantiene su huelga al rechazar el último borrador del Ministerio. Insisten en que su petición de un estatuto propio responde a la necesidad de que sus condiciones se debatan dentro del colectivo, al no sentirse representados en la mesa actual.

Consideran mínimos los cambios introducidos por Sanidad: una clasificación profesional que no refleja su nivel de responsabilidad, guardias no remuneradas por encima del trabajo ordinario, horas que no computan para la jubilación y una exclusividad que —afirman— resulta insostenible para un sistema con fuga de talento.