Más de una veintena de asociaciones provida reclaman al Constitucional que se pronuncie sobre una ley que ha permitido acabar con la vida de 700.000 no nacidos. La Gaceta se une a la campaña.
1 de junio de 2010. El Partido Popular -entonces en la oposición en una España gobernada por José Luis Rodríguez Zapatero– presenta un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la conocida como Ley Aído y denominada, oficialmente, Ley de Educación Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Los servicios jurídicos del partido de Génova observaban en el texto socialista el incumplimiento de hasta ocho preceptos constitucionales y denunciaban la desprotección del nasciturus con la nueva norma.
Han pasado desde entonces casi 8 años. Más de 3000 días en los que los magistrados del Constitucional no han tenido tiempo para sentenciar sobre una ley que ha permitido la muerte de más de 700.000 niños y que convierte a España en el tercer país de Europa con mayor número de abortos (sólo por detrás de Francia y Reino Unido), según el último estudio del Instituto de Política Familiar… ¿No es demasiado? Sí para muchos. Sí para las asociaciones provida, que han dicho ‘basta’.
Por eso La Gaceta se une a la campaña de recogida de firmas impulsada por más de una veintena de asociaciones defensoras de la vida y de distintos ámbitos de la sociedad para que el Tribunal Constitucional se manifieste ya sobre el recurso contra la Ley del Aborto.
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La petición va dirigida, en primer lugar, a los magistrados. Se les recuerda que la interposición de dicho recurso se hizo solicitando la tramitación preferente y que lo que está en juego son miles de vidas. Estamos, señala el texto, ante una dejación «injustificada» de funciones.
También se apela a las instituciones que intervienen en el nombramiento de los Magistrados del TC, que se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. A ellas se les solicita que tengan en cuenta que uno de los motivos para destituir a los miembros del TC es «dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo» y, por tanto, exigen que «tomen las medidas pertinentes para que no se retrase más».
Casi 100.000 vidas al año
Un total de 93.131 abortos voluntarios se realizaron en España en los centros que notificaron datos en 2016, según los datos del Ministerio de Sanidad. Un dato estremecedor de la «cultura de la muerte» impulsada a través de la Ley Aído, que establece el aborto libre hasta las 14 semanas.
Una ley que el Partido Popular de Mariano Rajoy no derogó cuando pudo -con mayoría absoluta en su primera legislatura- y que sigue esperando un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. ¿No va siendo hora?
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