El operador del sistema eléctrico y el transportista único de energía eléctrica en alta tensión en España, Red Eléctrica, teme que un cambio de Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre abra la puerta a divulgar los cerca de 9.000 archivos relacionados con el apagón del 28 de abril de 2025, según la información publicada por The Objective. Las grabaciones y los correos electrónicos permanecen en el centro de la controversia sobre el acceso a la documentación del incidente. El relevo político también podría afectar a la dirección de la compañía, participada en un 20% por el Estado.
Parte de las comunicaciones conocidas hasta ahora refleja que las dificultades para controlar las tensiones ya preocupaban a los operadores semanas antes del colapso. En una conversación del 7 de abril de 2025, un trabajador de Endesa advirtió a Red Eléctrica de que existía «un problemón brutal» con las tensiones. Desde el gestor se aludió a los intercambios y a la escasez de generación que aportaba inercia al sistema. El diálogo incluyó una advertencia especialmente significativa: «En algún momento igual nos la damos seguro casi». El 26 de abril, otras comunicaciones recogieron avisos sobre oscilaciones que un interlocutor de Red Eléctrica atribuyó a un problema de la fotovoltaica.
Estas grabaciones llegaron al Senado a través de las empresas energéticas, que facilitaron conversaciones en las que habían intervenido. Red Eléctrica, por su parte, rechazó entregar los audios solicitados a comienzos de 2026, al sostener que hacerlo entraba en conflicto con sus obligaciones legales de confidencialidad. La comisión de investigación de la Cámara Alta terminó acusando al gestor de obstaculizar el esclarecimiento de lo sucedido y de recurrir a excusas para impedir que se conocieran las causas del corte de suministro.
La disputa por los archivos también se trasladó al ámbito judicial. La Audiencia Nacional, que había investigado la posibilidad de un sabotaje informático contra infraestructuras críticas, denegó mediante un auto el acceso de las eléctricas a los correos y conversaciones del día del apagón, en línea con lo solicitado por Red Eléctrica. Para entonces ya se habían divulgado los informes técnicos del Gobierno, de la red europea de operadores Entso-E y de la CNMC. Este último organismo había abierto expedientes sancionadores tanto al gestor como a compañías del sector.
La posterior investigación en el Congreso tampoco consiguió desbloquear la entrega de toda la documentación reclamada. Durante su comparecencia, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, defendió que los agentes implicados y las autoridades dispusieran de la información completa y aseguró que su empresa había atendido las solicitudes recibidas. Red Eléctrica mantuvo su negativa. Según los asesores de derecho administrativo de la Cámara consultados por THE OBJECTIVE, la comisión carece de herramientas jurídicas propias para forzar la entrega ante ese rechazo.
El futuro de esos documentos queda así ligado a una controversia que sigue abierta más de un año después del apagón. Un eventual relevo en el Ejecutivo podría modificar la posición institucional sobre su divulgación y la composición de la cúpula encabezada por Beatriz Corredor. No obstante, la publicación de los archivos no sería una consecuencia automática del resultado electoral: seguiría dependiendo de las decisiones que se adoptasen y de los límites legales aplicables a su acceso.
