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Romay defiende dar más poderes al Estado para garantizar igualdad territorial

El presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, ha abogado por estudiar la posibilidad de dar al Estado más atribuciones que las que tiene para garantizar que se cumplen los principios esenciales del modelo autonómico: la solidaridad, la igualdad y la cooperación.
En su intervención en la Comisión del Congreso que analiza el modelo territorial, Romay se ha mostrado como un firme defensor del sistema autonómico y ha recalcado que todo lo que se haga para mejorarlo irá en beneficio de todos los españoles.
Y aunque apenas ha querido verter opiniones personales, ha hecho suya una reflexión del órgano que preside, la de que no se debe «desapoderar» más al Estado.
Tras insistir en que los principios de solidaridad, igualdad y cooperación son imprescindibles para que la descentralización funcione, Romay Beccaría ha apuntado que «seguramente» hay que plantearse si el Estado dispone de las «capacidades suficientes» para ejercer su función y garantizar que dichos principios se cumplen.
Por eso, ha pedido a los representantes políticos que si a la hora de reformar la Constitución consideran que el Estado necesita «algunas atribuciones más» para cumplir ese cometido, deben dárselas.
José Manuel Romay Beccaría ha dedicado buena parte de su intervención a resumir el informe que el Consejo de Estado elaboró en 2006, a petición del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el modelo autonómico, que según ha dicho puede estar «fuera de tiempo» aunque sigue siendo útil para orientar sobre cualquier posible reforma constitucional.
Sí ha hecho un análisis personal cuando ha pedido a las fuerzas políticas que dediquen «todas sus energías» en buscar el entendimiento y tratar de recuperar los valores de la transición para resolver la crisis territorial y en concreto la catalana.
Ha advertido, en cualquier caso, de que es necesario preservar las instituciones y defender el cumplimiento de la ley y de la Constitución.
Romay ha considerado que lo ocurrido en Cataluña ha sido «una desgracia» que ha obligado a tomar «medidas muy excepcionales» para restablecer la normalidad institucional.
Y ha recordado que desde 2012 el Consejo ha tenido que elaborar informes sobre recursos contra 46 leyes catalanas, ocho impugnaciones, cuatro conflictos de competencias, y en todos ellos se ha defendido con convicción la unidad de España y el cumplimiento de la Constitución.
El presidente del Consejo de Estado ha hecho suyas las reflexiones de Stephan Dion, ministro canadiense durante el debate sobre la independencia de Quebec, quien hablaba de que hay que «tratar de convencer a todos de que juntos estaban mejor que separados».
Dion, ha dicho, también advertía de que «todas las separaciones son traumáticas, gravísimas» y afectan a una población «entrelazada» entre sí.
Por eso ha insistido en que estos conflictos deben resolverse con «formas democráticas de entendimiento, concordia y convivencia» y ha considerado, como dijo Dion, que se deben proponer cambios para mejorar la gobernanza del Estado.
José Manuel Romay Beccaría ha puesto en valor los acuerdos fundamentales que se alcanzaron en la transición y con la redacción de la Constitución, entre los que ha destacado el modelo territorial.
Ha subrayado que Cataluña fue una de las comunidades que más apoyó el texto constitucional en su momento, y ha recordado que España «no se rompió» cuando se llevó a la práctica el nuevo modelo territorial y se fueron repartiendo las transferencias.
Romay, que fue vicepresidente de la Xunta y se encargó precisamente de negociar con el Estado la transferencia de competencias a Galicia, ha puesto varios ejemplos de los beneficios que ha traído la descentralización para los territorios de España
Y ha recordado que en su informe de 2006 el órgano que preside ya admitió que los textos constitucionales no son ni definitivos ni intangibles.
Eso sí, ha señalado que la modificación de la Carta Magna por sí sola no resuelve los problemas si «paralelamente no cambian ciertas actitudes» y ha insistido en que no puede haber «libertad sin límites» y cualquier reforma debe preservar los valores esenciales del Estado autonómico.
Y citando a su predecesor, Francisco Rubio Llorente, ha insistido en que el acuerdo político debe ser el requisito previo de la reforma constitucional, y debe conseguirse un consenso similar al logrado en 1978.
 
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