Alberto Ruiz-Gallardón, que fue ministro de Justicia durante el primer mandato de Mariano Rajoy y presidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003, prestará declaración este martes como testigo en el juicio del «caso Lezo», centrado en la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001.

El magistrado jubilado Manuel García Castellón, instructor de la causa, envió a juicio a 22 personas, entre los que se encontraban los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores de Ruiz-Gallardón.

No obstante, durante la fase de instrucción, el magistrado archivó la investigación que se venía siguiendo contra Ruiz-Gallardón y también exculpó al expresidente madrileño Ignacio González, principal imputado en otras piezas separadas del «caso Lezo», ya que aún no había llegado a la Presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la adquisición de la empresa colombiana.

Según Anticorrupción, el Canal de Isabel II compró Inassa por 73 millones de dólares a través de una sociedad radicada en Panamá –Aguas de América– como parte de la «expansión internacional» que la empresa pública inició en 2001 en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa.

Este asunto empezó a investigarse hace diez años y se centra en determinar si, como sostienen las distintas acusaciones, se pagó un «sobreprecio» en la compra de Inassa a costa de las arcas públicas.

Para Calvo y Bravo, la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena a siete años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación.

El Ministerio Público interesa para los otros 20 procesados, todos ellos técnicos y exconsejeros de la empresa pública de aguas, así como gestores e intermediarios en la operación, condenas de entre seis y siete años de prisión, y de entre 12 y 15 años de inhabilitación absoluta por los mismos delitos.