Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en 2018, la incorporación de perfiles vinculados al activismo a cargos de responsabilidad dentro del Ejecutivo se ha convertido en una práctica habitual en el entorno de Moncloa. Según ha revelado El Debate, este fenómeno ha permitido que diversas figuras del activismo social accedan a puestos en la administración pública, con funciones relevantes y salarios financiados con fondos públicos.
Uno de los casos más representativos es el de Beatriz Gimeno, reconocida activista que presidió la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) entre 2003 y 2007. Entre 2020 y 2021, fue nombrada directora del Instituto de la Mujer, y su gestión se centró principalmente en cuestiones identitarias, lo que le valió críticas por una excesiva ideologización del organismo.
Otro caso destacado es el de Boti García Rodrigo, también expresidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), con una larga trayectoria en el activismo LGTBI y una vinculación conocida con Izquierda Unida. En 2020 fue designada directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, cargo que ocupó hasta 2023. Durante su etapa al frente de la dirección, fue especialmente conocida por su firme defensa de la «inclusión de contenidos de educación sexual» en el currículo escolar desde edades tempranas.
Ya bajo el mandato de Ana Redondo como ministra de Igualdad, en 2023 fue designada Isabel García Sánchez como directora del Instituto de las Mujeres. Sin embargo, en 2024 fue destituida tras ser señalada por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte de administraciones socialistas, relacionados con la gestión de los llamados «Puntos Violeta» y otros programas en materia de igualdad.
