La renovación de los sistemas de comunicación en Moncloa ha despertado dudas sobre los posibles vínculos con las investigaciones judiciales en curso. Según avanza Vozpópuli, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cambió su teléfono móvil y número a finales del año pasado, después de haberlos utilizado durante más de seis años para contactos políticos y personales. Este cambio, también ejecutado por el fiscal general, coincide con medidas de refuerzo en la seguridad de las comunicaciones del Ejecutivo, implementadas tras el caso de espionaje con el software Pegasus, que afectó en su día tanto a Sánchez como a varios ministros.
Tal como detalló El País, el Ejecutivo ha iniciado una modernización de los sistemas de cifrado en fases. En una primera etapa, se actualizarán las infraestructuras técnicas en Moncloa y se renovarán las herramientas de encriptación de llamadas y mensajes para los altos cargos del Gobierno. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) supervisará la certificación del nuevo sistema, para el cual compiten dos empresas especializadas. Esta medida busca prevenir futuros ataques y proteger las comunicaciones sensibles del Ejecutivo.
Por otro lado, el cambio de terminal del fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha generado suspicacias. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si este movimiento estuvo relacionado con la presunta filtración de información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Según se ha revelado, el fiscal reemplazó su dispositivo semanas después de que surgieran sospechas de filtración, lo que podría haber borrado pruebas clave. Además, un análisis realizado en octubre por orden judicial no encontró mensajes relevantes en los terminales investigados.
El juez Ángel Hurtado, encargado del caso, ha solicitado a las operadoras Movistar y Vodafone los datos de tráfico de llamadas del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo para identificar con quién mantuvo contacto en esas fechas clave. El objetivo es determinar el origen de la supuesta filtración desde la fiscalía.
En este contexto, el exlíder del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, acudió al notario para asegurar que nunca mostró en la Cámara madrileña documentos presuntamente remitidos desde Moncloa. Mientras tanto, el Supremo investiga si el informe en cuestión llegó a presidencia desde el entorno de García Ortiz.
Otro aspecto llamativo es que, tras el cambio de número de Sánchez, su antiguo perfil de mensajería quedó inactivo. Ya no se muestra la imagen del logotipo de la Agenda 2030 ni la descripción anterior vinculada a su usuario de Twitter. Fuentes no oficiales de Moncloa han confirmado el cambio, pero declinan comentar al respecto por tratarse de «una cuestión de seguridad».
La coincidencia en los cambios de terminales del presidente del Gobierno y el fiscal general, sumada a las sospechas de filtraciones y los esfuerzos de modernización tecnológica en Moncloa, ha generado un entorno de creciente incertidumbre política y judicial, donde cada detalle podría resultar clave en las investigaciones en curso.
