Los gobiernos de Sánchez y el de Friedrich Merz han acordado este viernes iniciar conversaciones bilaterales para dar respuesta a la petición española de que las lenguas cooficiales —catalán, euskera y gallego— sean reconocidas como oficiales en la Unión Europea, en un formato que resulte «aceptable para todos los Estados miembros». El acuerdo, anunciado mediante una declaración conjunta, llega tras las amenazas de Junts de romper con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y de someter a votación interna su continuidad en el pacto con el PSOE.

En el documento, ambos gobiernos “reafirman su compromiso de abrir un diálogo” sobre la cuestión lingüística y destacan que el uso de las lenguas cooficiales constituye “una parte esencial de la identidad nacional plurilingüe de España”. Alemania, que hasta ahora se había mostrado reacia a modificar el reglamento lingüístico europeo, acepta así por primera vez abordar formalmente la cuestión, aunque sin comprometerse con el reconocimiento inmediato de las tres lenguas.

El texto precisa que “el diálogo bilateral comenzará a la mayor brevedad a cargo de los respectivos Ministerios de Asuntos Exteriores” y que España “presentará un texto para debate y decisión de los 27 Estados miembros en una futura reunión del Consejo de Asuntos Generales”. No se establece fecha concreta para el inicio de las conversaciones ni se garantiza que el resultado final obtenga la unanimidad necesaria.

Fuentes diplomáticas apuntan a que la apertura de este diálogo es, en la práctica, una concesión política del Gobierno a las exigencias de Carles Puigdemont, cuyo partido amenazaba con dinamitar la legislatura si no se avanzaba en la oficialidad del catalán en Europa. El gesto hacia Junts se produce apenas unas semanas después de nuevos roces internos dentro de la coalición y en un contexto de creciente debilidad parlamentaria del Ejecutivo.

El reconocimiento de las lenguas cooficiales en la UE requeriría la modificación del Reglamento nº 1 del Consejo de la Unión Europea, que establece las lenguas oficiales y de trabajo de las instituciones comunitarias. Cualquier cambio debe ser aprobado por unanimidad de los Veintisiete, un proceso complejo que hasta ahora ha encontrado la resistencia de países como Alemania, Francia o los Países Bajos por el coste y la fragmentación que implicaría.

Aunque el Gobierno presenta el anuncio como un “paso histórico hacia el reconocimiento del pluralismo lingüístico”, lo cierto es que el acuerdo con Berlín no garantiza resultados concretos y depende de que Sánchez logre convencer al resto de socios europeos en un momento de fuerte desgaste interno.