Otro año más, la fiesta sindical por antonomasia va aparejada al debate sobre el dinero público con el que los gobiernos de turno riegan a los sindicatos UGT y CCOO, ligados estrechamente al PSOE y al Partido Comunista y, por lo tanto, una extensión más de poder de los partidos en el régimen partitocrático español.
¿Debe un sindicato ser financiado con dinero público? ¿Pueden mantenerse con el pago de las cuotas y la gestión de inmuebles e inversiones? Estas son preguntas que surgen al hablar de los sindicatos y no son baladí. Si algo se subvenciona, se querrá tener control sobre ello, se querrá usar y acallar cuando interese. Esto ha sido la tónica general en las últimas décadas. El control sindical por los partidos de izquierda ha sido tan evidente que la mayoría de las grandes movilizaciones han tenido lugar bajo gobiernos de signo contrario, y no sólo por motivos laborales sino, también —y cada vez más—, ideológicos. El 8M y el «orgullo gay» son celebraciones explotadas en parte por los sindicatos para atraer todo a la órbita del supuesto ámbito trabajador. Mujeres y obreras, homosexuales y obreros, lucha obrera feminista, lucha obrera homosexual… Potenciar la lucha de clases, sea esta por otro motivos, crea satélites que giran en torno a la órbita deseada. Cuanto más se atraiga, cuanto más grande sea uno –o lo parezca- más subvenciones cobrará o más presión podrá hacer para intentarlo.
Dato para demostrar el relato
Que las subvenciones de los sindicatos UGT y CCOO dependen del color del gobierno es un hecho. En 2010, con el PSOE aún a los mandos del Ejecutivo, sólo estos dos sindicatos se embolsaron casi 16 millones de euros. En 2011, y a pesar de la crisis que los mismos socialistas habían negado con Solbes a los mandos del Ministerio de Economía, los del puño y la rosa siguieron regando con la misma cuantía.
En el primer año de Mariano Rajoy esa cantidad disminuye a poco más de 11 millones y descendería hasta los 8,8 millones de euros de 2013 a 2020. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tuvo que esperar a nuevos presupuestos para poder aumentar de nuevo la cuantía pasando de 13,8 en 2021 a 17 millones el año pasado, una cifra muy por encima de las subvenciones previas a la crisis de 2008. La cifra se repite en 2023. Mucho mejor debemos estar o mucho se quiere controlar a los sindicatos de cara al apoyo en próximas elecciones, y en especial con la figura de Yolanda Díaz y la nueva intentona para articular la izquierda con Sumar. En total, en los cuatro años del «gobierno de la gente», más de 56 millones de euros del erario público han ido a los sindicatos.
Diez sindicatos se llevan el 94% de las subvenciones pero, de estos diez, dos están en una posición realmente ventajosa: Comisiones Obreras y UGT. 5,2 millones se embolsa el primero y 4,7 el segundo (en 2021).
Ingresos por afiliación
Las cuotas suelen variar en función de la situación laboral del afiliado. Comisiones Obreras tiene una cuota plana de 14,5 euros para disponer de todos los servicios del sindicato. Según datos de 2019, los afiliados ascenderían a 934.809. Si se supone que esa cuota es la media, los ingresos mensuales ascenderían a 13.554.730,5 euros. Al año supondrían 162.656.766 euros, a los que habría que sumar las subvenciones nacionales y autonómicas correspondientes.
En el caso de UGT, la cuota media es de 14 euros y los afiliados a 2021 un total de 983.521. Cada mes ingresaría en torno a 13.769.000 euros y al año más de 165,2 millones a los que habría que sumar las subvenciones nacionales y autonómicas correspondientes.
¿Son realmente necesarias las subvenciones públicas a nivel económico? Si se comparan con los ingresos por cuotas (en la práctica serían menores por la diversidad de estas), está claro que son testimoniales. ¿Por qué, entonces, esa obsesión por regar con dinero público a los sindicatos si no es para controlarlos a beneficio de determinados políticos e intereses? Si son necesarios para subsistir, ¿están estafando a sus afiliados por una pretendida independencia que no es tal? ¿Cobran los sindicatos otro tipo de ingresos por determinadas campañas ideológicas llevadas a cabo con motivos de género?
Cuanto más trabaje un sindicato en contra de los intereses de la clase trabajadora, más funcione como una empresa de colocación, se sigan manteniendo determinados liberados sindicales (más de 4.000 en España que suponen más de 250 millones de euros a las empresas) y a adhesión ideológica con proyectos claramente alineados en contra de los intereses de la industria nacional, más chocará al público esta financiación, en especial en momentos delicados como los actuales con una recuperación económica que no acaba de llegar y copando los últimos puestos de la OCDE en materia económica.
