El Gobierno de Pedro Sánchez destinó 3,2 millones de euros de dinero público a la Vuelta Ciclista a España para, semanas después, alentar protestas propalestinas que provocaron la cancelación de su última etapa en Madrid. Una paradoja que ha golpeado la credibilidad del ciclismo español y dañado la imagen internacional de la capital.

Según informa OKDiario, las principales inyecciones económicas llegaron de Correos (2,1 millones), Loterías y Apuestas del Estado (780.000 euros) y Paradores (405.350 euros). Contratos firmados cuando ya era oficial la participación del equipo Israel-Pro Tech, invitado por méritos deportivos al ser el mejor ProTeam del ranking UCI en 2024.

Además, diputaciones socialistas pagaron importantes cánones para llevar etapas a sus territorios. Asturias destinó 181.500 euros para las llegadas en el Angliru y en La Farrapona. La Diputación de Lugo pagó 100.000 euros para una meta en Monforte de Lemos, pese a que el BNG –su socio de gobierno– estuvo entre los más activos en las protestas. León, por su parte, abonó 50.000 euros para llevar la carrera al Puerto de El Morredero.

El resultado es escandaloso: millones de dinero público invertidos en una prueba deportiva que el propio Ejecutivo convirtió en rehén ideológico, al permitir que sus socios de gobierno y colectivos radicales reventaran la última etapa por la presencia de un equipo israelí.

Mientras en ciudades como Figueres, Bilbao, Valladolid y Madrid la carrera fue boicoteada, las etapas financiadas por diputaciones socialistas se celebraron sin incidentes. Una evidencia de que el Ejecutivo de Sánchez no dudó en instrumentalizar la Vuelta: primero usándola como escaparate político y, después, como escenario de confrontación ideológica.