El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido destinar diez millones de euros en los próximos 12 meses a financiar campañas publicitarias sobre «democracia y libertades». El proyecto, impulsado a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige el ministro Ángel Víctor Torres, tiene como objetivo «sensibilizar» a los ciudadanos sobre los «derechos conquistados» y fomentar lo que denominan «memoria democrática», con especial atención a los jóvenes.
El contrato, calificado como urgente en la Plataforma de Contratación del Estado, tendrá una duración inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga por otros seis. El Ejecutivo busca una agencia especializada en publicidad que se encargue de diseñar y ejecutar campañas que, según se recoge en el pliego, «permitan avanzar en la construcción de una democracia más fuerte y resiliente«. Esta estrategia se enmarca dentro del llamado Plan de Acción por la Democracia, aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre de 2024.
La difusión en medios de comunicación y la evaluación de impacto no están incluidas en el contrato. Todo el proyecto está supervisado por la historiadora Carmen Gustrán, comisionada para la celebración de los 50 años de España en libertad.
El motivo alegado por el Gobierno para justificar este gasto millonario, cuenta The Objective, es el resultado del último estudio del CIS sobre hábitos democráticos. Según dicho sondeo, el 89% de los españoles percibe una elevada crispación política y el 84,3% considera preocupante esta tensión constante. Además, casi el 82% califica la situación política actual como regular, mala o muy mala. Un dato aún más alarmante revelado en enero por otro estudio del CIS indica que un 12% de los jóvenes entre 18 y 24 años cree que, en determinadas circunstancias, un régimen autoritario sería preferible a una democracia.
Lo paradójico es que esta ofensiva propagandística tiene lugar en un contexto en el que la calidad democrática en España se encuentra en uno de sus peores momentos. La politización de la justicia, el bloqueo institucional en el Congreso y la incapacidad del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado dibujan un panorama preocupante.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, España ha retrocedido cuatro posiciones en el ranking de 2024 respecto al año anterior, con una puntuación de 56 sobre 100. El informe la sitúa como una «democracia defectuosa«, compartiendo posición con países como Chipre, República Checa y Granada. Desde 2023, España ha caído diez puestos en el listado global y ha sido superada en el contexto europeo por Letonia y Eslovenia, situándose en el puesto 16 de 27 dentro de la Unión Europea.
Aunque el Democracy Index 2024 de The Economist ubica a España en el puesto 21 entre las democracias plenas, el país ha perdido dos posiciones desde 2018. Y el diagnóstico del Banco Mundial es aún más contundente: España ha experimentado el mayor deterioro institucional de toda Europa desde el año 2000, retrocediendo en control de la corrupción, eficiencia del Gobierno, calidad regulatoria y Estado de derecho.
Mientras tanto, el Ejecutivo se prepara para gastar una fortuna en vender una democracia que cada vez parece menos creíble, especialmente entre los jóvenes.
