Pedro Sánchez movilizó los recursos de la Abogacía General del Estado desde que se enteró de su citación para declarar ante el juez que investiga a Begoña Gómez.
El pasado lunes 22 de junio, el presidente del Gobierno supo que el juez Juan Carlos Peinado tenía la intención de citarlo. Tres días antes, el 19 de junio, el magistrado había firmado la providencia —el mismo día que Begoña Gómez se negó a declarar—.
Según fuentes gubernamentales, la querella ya estaba preparada con anticipación y fue presentada inmediatamente después de que el juez firmara el acta de la diligencia en Moncloa, tras la negativa de Sánchez a declarar. Estas mismas fuentes indican que hubo una intermediación directa entre la Presidencia y el recién nombrado abogado general, David Vilas Álvarez, aunque la firma de la querella fue realizada por la letrada del Estado Zaida Isabel Fernández Toro. Por otro lado, fuentes jurídicas han expresado al diario Vozpópuli el malestar de diversos sectores del organismo por la acción del jefe del Ejecutivo.
El juez Peinado ha reiterado en dos ocasiones que su interés en interrogar a Pedro Sánchez se debe a su condición de cónyuge de Begoña Gómez, aunque limitó el periodo de interés al tiempo en que Sánchez ha sido presidente. No obstante, desde el Ejecutivo se ha insistido en vincular la citación de Sánchez como testigo con su cargo, alegando que ambas facetas son «indisociables». Esta estrategia busca contrarrestar la imagen que, según critican los socialistas, intenta proyectar el juez en coordinación con la derecha política y mediática: la de un líder del PSOE declarando.
