El anteproyecto de ley de información clasificada, aprobado por los ministerios de Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes, Asuntos Exteriores, Defensa e Interior, ha establecido sanciones severas para los periodistas que publiquen información catalogada como «alto secreto» por el Consejo de Ministros. Las multas por esta infracción, considerada «muy grave», pueden oscilar entre 800.000 euros y 2,5 millones, y aplicarse en menos de un año.
Según ha desvelado El Confidencial, este proyecto reemplaza la antigua ley de Secretos Oficiales, vigente desde 1968 y apenas modificada en 1978. Se retoma así un plan que quedó paralizado en la anterior legislatura tras la disolución anticipada de las Cortes. La norma define cuatro niveles de información clasificada según su impacto en la seguridad y defensa del Estado: «Alto secreto», «Secreto», «Confidencial» y «Restringido». La competencia para clasificar y reclasificar la información en las dos primeras categorías corresponde exclusivamente al Consejo de Ministros.
Las infracciones por documentos «confidenciales» serán consideradas graves, con multas de entre 30.001 y 800.000 euros, mientras que las relacionadas con documentos «restringidos» serán leves, con sanciones de hasta 30.000 euros. En casos de infracciones graves o muy graves cometidas por personas jurídicas, los responsables de sus órganos directivos podrán ser sancionados si se demuestra negligencia o conducta dolosa, como no haber tomado medidas para evitar la infracción o haber consentido incumplimientos.
