El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ganado al menos 60.000 euros con sus contratos editoriales, pese a que en 2016 propuso un código ético para los parlamentarios socialistas, en el que la medida principal era «la renuncia al ejercicio profesional de actividades privadas» y aseguraba que «aquellas que eventualmente puedan ser autorizadas no reportarán al representante ningún tipo de asignación económica o retribución».
La cifra total de las ganancias de esos contratos es mayor, pero no se puede conocer porque el presidente se niega a hacer pública su declaración de actividades, detalla este martes Vozpópuli. Eso sí, parte de estos beneficios privados han sido financiados por todos los españoles, ya que se utilizaron recursos públicos para promocionar Tierra firme, su último libro.
El presidente del Gobierno oculta los ingresos obtenidos por su actividad privada en tres ejercicios fiscales: 2019, 2020 y 2021. Estas ganancias están reflejadas en la declaración de actividades presentada a comienzos de su nuevo mandato, donde también se incluirán los ingresos por su actividad editorial.
En 2019, el contrato firmado para Manual de Resistencia le reportó 16.666 euros en derechos de autor, como constaba en la declaración de bienes pública del PSOE ese año, que posteriormente fue borrada, aunque Vozpópuli logró rescatarla. Después de dos años sin declarar, en 2022 informó de ingresos por 42.000 euros por su actividad literaria, según la declaración compartida con el Congreso de los Diputados en julio de 2023.
Esta declaración, publicada en el BOE el 30 de marzo de 2024, refleja 55.205,57 euros en «demás bienes y derechos de contenido económico», cifra que corresponde a los 42.000 euros de derechos de autor del 2022 más las rentas de una vivienda alquilada (12.645 euros).
La publicación de libros es una actividad profesional sujeta a un contrato mercantil, lo que implica estar dado de alta como autónomo. Según la Seguridad Social, «los escritores de libros» deben estar incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Incluso si Sánchez recurrió a los servicios de Irene Lozano para redactar el libro, el INSS considera autónoma a «aquella persona que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas».
No obstante, la Oficina de Conflictos de Intereses declaró que «no considera ni necesario ni oportuno dirigir consulta alguna a la Tesorería General de la Seguridad Social en relación a la actividad creadora del Presidente del Gobierno».
Expertos juristas consultados por el citado periódico señalan que utilizar dinero público para promocionar una actividad que genera beneficios económicos privados podría constituir delitos de prevaricación y malversación si así lo considerase un juez.
En resumen, el presidente del Gobierno no sólo utiliza recursos públicos para promocionar su libro, sino que también oculta públicamente cuánto dinero le ha generado esta actividad.
